La actual crisis entre EEUU e Irak parece dirigirse irremediablemente hacia un nuevo episodio militar. Además de la determinación iraquí de no permitir el acceso y la permanencia en el país de miembros de los equipos de verificación del desarme iraquí de nacionalidad estadounidense, el colapso del proceso de negociación árabe-israelí puede contribuir a que el Presidente Clinton, ya con el respaldo del Congreso, opte por una acción militar que revalorice el papel regional de EEUU. Sin embargo, el contexto internacional y en el propio seno del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU), no es el mismo que en las tres ocasiones anteriores en las que Irak ha sido atacado desde el fin de la Guerra del Golfo.
Al menos en esta ocasión, no se trata de una crisis generada por ninguna violación grave por parte de Irak de sus obligaciones con el CS (el supuesto hallazgo de depósitos de gas mortal dado a conocer el domingo por The Observer parece justificarla a posteriori), sino provocada por la determinación de EEUU de impedir que se aborde finalmente el levantamiento de las sanciones a Irak, como apuntan tímidamente China, Francia y Rusia desde hace ya tiempo. Pese a que las nuevas sanciones que EEUU pretendió que aprobara el CS hayan sido aplazadas hasta abril de 1998, la discusión sobre el fin de un embargo en vigor desde hace más de siete años se sustituye por el debate sobre su endurecimiento. Se trata sin duda de un quiebro inesperado y un éxito, aun parcial, estadounidense. Sin embargo, la resolución aprobada el 23 de octubre lo fue con la abstención de Francia, China y Rusia, los tres países miembros permanentes del CS (y de dos no permanentes, Kenia y Egipto, éste último aliado de EEUU), un hecho que no se había producido en ninguna votación contra Irak desde el inicio del conflicto en agosto de 1990, y que testimonia discrepancias latentes en el Consejo y en el propio campo oficial árabe.
Pero además, con tal quiebro, el pueblo iraquí pierde toda esperanza de levantamiento parcial o total del embargo, al menos a medio plazo, y al régimen de Sadam Husein solo se le permite adoptar razonablemente la vía de la confrontación mediática con EEUU, con una opinión pública y oficial árabes cada vez más cansadas de la intransigencia militarista de Washington. Irak no solamente ha cumplido sustancialmente con las exigencias contenidas en la resolución 687 de alto el fuego de la Guerra del Golfo, aprobada el 11 de octubre de 1991: destrucción de sus arsenales de armamento no convencionales y desmantelamiento de sus programas miliares, además del reconocimiento de Kuwait y el pago de indemnizaciones de guerra. Irak ha aceptado además --entre otras muchas-- las resoluciones 715 (11 de octubre de 1991) y 1.051 (27 de marzo de 1996), que permiten la verificación internacional, sin restricciones ni límite temporal, de su capacidad tecnológica y de sus intercambios comerciales, incluso tras levantarse el embargo. Por la primera de ellas, Irak aceptó el control permanente de su capacidad industrial, por medio de un sistema de verificación que es ya plenamente operativo, según el CS, desde octubre de 1994, y que se concreta en el control de más de 300 centros industriales por cámaras de TV, visitas e inspecciones periódicas o imprevistas, y vigilancia aérea y por satélite. La segunda resolución referida establece una supervisión sin límite temporal de «(...) toda venta o suministro, en el futuro, por otros países a Irak», y obliga a todo país a proporcionar información al CS sobre sus intercambios comerciales con Irak. Si bien se pretende con ello impedir el rearme de Irak, la interconexión de la industria civil y militar en el mundo desarrollado es tal que el proceso aplicado a Irak supone, en suma, su anclaje en el subdesarrollo. A la bateria de resoluciones aprobadas contra Irak en estos a os hay que añadir una gravosa deuda de guerra (que incluye todo da o causado a terceros y no solo por Irak), cuyo procedimiento de pago establecido por el CS determina que la renta petrolífera iraquí será gestionada durante décadas por el propio Consejo.
Mientras que Irak carece de derecho alguno para reclamar compensaciones por la masiva e injustificable destrucción de su infraestructura civil durante la Guerra del Golfo por parte de la coalición multinacional (22 mil millones de dólares, según cálculos de las Agencias de NNUU), el volumen total de pagos por indemnizaciones que Irak tiene que desembolsar puede llegar a alcanzar la astronómica cantidad de entre 300 y 400 mil millones de dólares. Aun cuando Irak, una vez levantado el embargo, destine el tercio de sus ganancias por venta de petróleo (estimadas en 18 mil millones de dólares anuales antes de la guerra), tal y como le obliga la resolución 687, precisaría un siglo para saldar su deuda.
En suma, sea cual sea la valoración que cada cual tenga sobre el régimen de Sadam Husein, Irak, como Estado y como pueblo, ha cedido ya desde 1991 al CS, bajo amenaza militar y gracias a un embargo criminal, una apreciable proporción de su soberanía política y económica, en un grado inédito en la Historia contemporánea, como ha reconocido el anterior Secretario General de NNUU, Broutus Broutus Ghali. A cambio de nada. El pasado 16 de octubre el CS examinó los dos informes semestrales aportados por la Comisión del CS encargada del desarme iraquí (UNSCOM) y la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) sobre el desmantelamiento de los programas armamentísticos iraquíes. La AIEA reiteró lo ya indicado por su Director General, Hans Blix, el 10 de octubre de 1994, que el dossier del desmantelamiento del programa nuclear iraquí está concluido: «no existe ningún indicio que autorice a pensar que Irak tiene medio material alguno que le permita producir materiales nucleares de tipo militar» (Le Monde, 18 de octubre). Por su parte, la UNSCOM se ala que restan «dudas» sobre el pleno desmantelamiento del programa militar biológico. En la discusión de la resolución aprobada el 23 de octubre, EEUU ha utilizado esta consideración de la UNSCOM para intentar imponer nuevas sanciones a Irak, mientras que los cinco mencionados países miembros del CS (Francia, China, Rusia, Egipto y Kenia) reiteraron que la prolongación indefinida del embargo a Irak --no ya su endurecimiento-- no puede seguir dependiendo de incertidumbres menores no demostrables sobre el desvelamiento total de pretéritos programas militares iraquíes, apoyando la consideración del propio informe de la UNSCOM de que estos «aspectos residuales del proceso de desarme de Irak sean examinados en el marco [del sistema] de control a largo plazo».
Incluso estos países solicitaron que la resolución incluyera una mención al reconocimiento que hacen la UNSCOM y la AIEA sobre los sustanciales progresos en materia de desarme iraquí. Qué razones determinan que EEUU prosiga su línea de extrema dureza contra Irak, a pesar de los logros evidentes en el cumplimiento de las exigencias impuestas a este país por el CS, sin mencionar el coste humanitario que impone el embargo a su población?
La respuesta la dió Madeleine Albright, nueva Secretaria de Estado del segundo mandato Clinton y anterior representante de EEUU en NNUU, el pasado 26 de marzo en la Universidad de Georgetown, en una alocución que ha sido considerado la primera formulación explícita de las intenciones estadounidenses sobre el futuro de Irak. Albright indicó que EEUU mantendrá el régimen de sanciones impuesto a Irak e impedirá su levantamiento total o parcial hasta lograr la caída de Sadam Husein. EEUU ha desestimado cualquier posibilidad de que la oposición en el exterior del país pueda provocar el fin del régimen y busca promover dentro del propio aparato del Estado iraquí (del Partido Baas o del Ejército) un Golpe de Estado. Si bien EEUU estaría dispuesto a favorecer una negociación con el nuevo régimen del pago de la deuda de guerra, la responsable estadounidense de Exteriores indicó explícitamente que la reintegración internacional de Irak dependerá de que ese nuevo régimen acepte un compromiso sobre «una completa serie de cuestiones económicas y de seguridad» que preocupan a EEUU y que afectan a sus intereses estratégicos y a los de sus aliados regionales, Israel y las petromonarquías.
La referencia al control del mercado petrolífero y de las reservas energéticas de Oriente Medio por implícita no deja de ser evidente. En suma, el Irak post-Sadam seguirá siendo un Estado tutelado. EEUU reconoce así que el fin del embargo a Irak no depende de las condiciones impuestas por las resoluciones del CS, ni que el nuevo régimen iraquí haya de ser necesariamente democrático --hasta ahora una de las exigencias esgrimidas por la Administración estadounidense para mantener la presión sobre Irak. Esta doble constatación es ya evidente para Francia, Rusia y China, que comprueban que sus intereses y los de EEUU divergen paulatinamente a medida que se hace más notoria la gestión hegemónica que las sucesivas Administraciones estadounidenses hacen del dossier iraquí. Mientras tanto, la situación humanitaria en el país sigue siendo crítica, pese a la aplicación de la resolución 986, conocida como «petróleo a cambio de alimentos», ya en su segundo semestre de aplicación. En septiembre, el ministerio de Sanidad iraquí informaba que al menos 1,2 millones de iraquíes han muerto a causa del embargo y que la tasa de sobremortalidad infantil es de 6.000 ni os al mes, datos considerados fiables por las Agencias de NNUU. Los responsables de NNUU encargados de la ejecución de la 986 han sugerido, por ello, que debería incrementarse la cantidad de crudo que Irak puede exportar, una propuesta aplazada por esta nueva crisis.