La lucha por la reducción de la jornada semanal a 35 horas semanales

por Susana López

La lucha por la reducción de la jornada semanal a 35 horas semanales, mediante Ley y sin reducción salarial, hay que enmarcarla, necesariamente, en el contexto internacional y europeo.

A nivel internacional, la llamada «crisis asiática» ha encendido las luces rojas de las debilidades del sistema, y sus repercusiones sobre las economías de los más poderosos están aún por ver; como también están por ver las responsabilidades en el desastre de las políticas impuestas a dichos países por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que actúan a la manera de incendiarios-bomberos. No en vano la cumbre de los verdaderos «amos del mundo», que celebraron recientemente su reunión anual en la ciudad suiza de Davos, se centró en este tema, sin por ello dejar de dar sus habituales recetas: más ortodoxia monetaria, más desregulación y flexibilización de los mercados laborales y más recortes sociales, especialmente en el caso de la Unión Europea, que desentona, respecto a sus «competidores» --EE.UU., Japón-- con el mantenimiento del llamado «Estado del Bienestar», aunque cada día lo sea menos.

En cuanto a los países de la Unión Europea, sus Gobiernos --la mayoría, no todos--, pese a las consecuencias en sus previsiones económicas de la crisis asiática --para Francia, por ejemplo, puede suponer una reducción del 5% en el crecimiento del PIB-- y a enfrentarse a una resistencia interna, cada vez más amplia, al desmantelamiento de su modelo de Estado Social, para adaptarse a las exigencias del «mercado global», se mantienen firmes en el objetivo de convergencia para integrarse en la moneda única, en las condiciones y en los plazos marcados por el Tratado de Maastricht, al que se le quiso dar un «toque» socia! en la Cumbre de Amsterdam, introduciendo un nuevo Título sobre el Empleo, con una concreción desalentadora en la Cumbre Extraordinaria de Luxemburgo.

Pero, como decíamos, los sacrificios que se están imponiendo a las respectivas poblaciones evidencian, cada minuto que pasa, que lo que se está construyendo no es la Unión Europea de los pueblos, la de la justicia social, la de la igualdad, la del respeto a los Derechos fundamentales de las personas --incluido el de ciudadanía sin exclusiones y el Derecho de Asilo-- sino la Europa de los mercaderes, la Europa del Capital.

El 1º de Mayo (¡qué ironía¡) iniciaremos la cuenta atrás de la entrada triunfal del Euro. A partir de entonces, el paro masivo y sus consecuencias seguirá siendo un problema de cada Estado miembro, pero éstos no podrán ya echar mano de los instrumentos monetarios y presupuestarios que les permitirían aliviar los efectos más hirientes de sus políticas neoliberales y, lo que es más grave, la capacidad de articular políticas más expansivas que contribuyan a la creación de empleo. El problema ya 110 será «llegar al Euro» sino «estar en el Euro», sometidos a la rígida disciplina económica y monetaria que decida el todopoderoso Banco Central, al margen y por encima de cualquier control democrático de los Parlamentos nacionales e, incluso, del Parlamento Europeo, única instancia de este ámbito elegida y representativa de los pueblos.

La guinda «social» del pastel, se pondrá en la Cumbre a celebrar en Cardiff en el mes de Junio, donde los distintos Gobiernos presentarán sus Planes de Empleo nacionales, en los términos de la reunión de Luxemburgo y siempre en el más estricto respeto a las condiciones impuestas por la moneda única.

Para nuestro país, con un paro --altamente estructural-- y una precariedad en el empleo que duplica y triplica la media de los países de la Unión --respecto a la que tenemos también un déficit importante de «Estado del Bienestar»--, si le sumamos el «plus» de un Gobierno de la derecha ultraliberal y reaccionario y una sociedad desarticulada y desmovilizada --fruto del trabajo concienzudo de la etapa felipista, cuyos protagonistas tampoco acaban de asumir su papel de oposición-- el panorama que se vislumbra puede ser mucho más duro.

En todo caso, el rostro de la Europa de los 15 --con Gobiernos de mayorías socialistas o socialdemócratas, excepto en Alemania y España-- está ya perfilado y la ciudadanía empieza a vislumbrarlo con zozobra: 18 millones de personas sin trabajo, más de 57 millones de pobres (en 1993), una legión en situación de empleo precario e incluso sumergido; colectivos especialmente sacrificados como las mujeres (el retroceso en su integración --y en las condiciones-- al mercado laboral, en sus derechos cívicos y sociales, en su presencia pública e institucional), los jóvenes (que asumen la «cultura de la precariedad» como algo consustancial a las sociedades «modernas») y, más allá a veces de lo imaginable, por insoportable para una cultura democrática, el de la inmigración de terceros países (los llamados sin eufemismos «esclavos del siglo XX») como otra pieza fundamental en el desarrollo de esa nueva Europa que, con una población envejecida y con índices de natalidad bajo mínimos, les necesita y a la vez les niega los más elementales derechos, incluido el derecho a la vida.

Es un rostro terrible que sus muñidores a duras penas consiguen maquillar con las consignas oficiales: «España va bien». -- y Francia, y Alemania... La riqueza se multiplica, es verdad, pero también la gente sin trabajo, sin protección, sin techo; algunos y algunas, por no tener, no tienen ni «papeles

No hacemos patetismo demagógico: la realidad (y las cifras lo demuestran) es patética. Pero, pese a la frialdad y a la profusa difusión de las cifras --tenemos información prácticamente a diario en los medios de comunicación-- esa realidad aún no es percibida por una mayoría de la población. Nosotros diríamos que aún no hay una «toma de conciencia» de la población mayoritaria y más afectada: los asalariados y asalariadas, la clase trabajadora, entendiendo que la «toma de conciencia» conlleva organización, resistencia, movilización y, en definitiva, la lucha contra agresiones de tal magnitud.

Algo, sin embargo, se está moviendo, al menos en dos sentidos:

Por un lado, emerge del malestar social, si bien en forma de luchas sectoriales o contra agresiones concretas, en prácticamente todos los países de nuestro entorno; también en España, como es el caso de Asturias o el de la 0CM del Aceite. Aunque el elemento más singular e incisivo ha venido a ser la movilización de quienes están sufriendo la exclusión, la marginación y la pobreza en sus propias carnes y desconfían --abiertamente ya-- de los poderes y de las organizaciones instituidas para solucionar sus problemas, que son de supervivencia. Sobre Europa se extienden como una mancha ignominiosa en nuestro «curriculum» democrático, las,. de parados, de ~ techo», de «sin papeles». No tienen nada lo han perdido todo, se les ha negado todo: no se les puede «controlar».

Los poderes, por supuesto, pero también la «mayoría satisfecha» o simplemente no excluida, e incluso los sindicatos y las organizaciones políticas de izquierda, les miran --¿les miramos?-- con recelo; no encuentran todo el apoyo que requiere su situación dramática y la justeza de sus reivindicaciones.

Por otro, la decisión de los Gobiernos francés e italiano, con una ruptura, hasta cierto punto, de las reglas del juego impuestas por el entorno neoliberal, asumen implantar la reducción de jornada a 35 h. semanales, por Ley y sin disminución salarial.

En el caso de Francia , como consecuencia directa de lo expuesto en el punto anterior; que hace posible también la existencia del «Gobierno plural de la izquierda», aún con sus contradicciones, centradas en el no cuestionamiento por unos --PSF-- de las políticas neoliberales de Maastricht, y su rechazo --PCF-- por otros.

En el caso de Italia, por la presión --en un alarde de visión política y oportunidad-- de Refundación Comunista, cuyos votos son indispensables para la coalición gobernante, aunque no participe en el Gobierno. Se da aquí la curiosa circunstancia de que, si bien los promotores de la iniciativa logran sacar a la calle a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en apoyo de la misma, la Ley cuenta con la firme oposición de la CGIL, la central sindical otrora comunista, que viene a coincidir en este tema con la poderosa patronal italiana CONFINDUSTRIA, aliada, a su vez, con la no menos poderosa y reaccionaria patronal francesa en su cruzada contra la imposición por Ley de la reducción de jornada.

No es objeto de esta «carta itinerante» entrar en las causas de tan complejo estado de cosas que, por otra parte, es el punto central de nuestros debates en el Partido (posiblemente sin la necesaria «eficiencia»). Señalar, no obstante, dos de ellas, sin las cuales tal situación sería impensable: una, la profunda crisis de la izquierda y la falta de un referente tras la desaparición del «bloque» soviético. Otra, aunque concomitante con lo anterior, la penetración del pensamiento y los valores de la derecha en el ámbito de la izquierda, una parte de la cual los asume plenamente o se resigna, mientras la otra permanece desarticulada e impotente para articular y canalizar las luchas.

Las políticas y las propuestas del PCE y de Izquierda Unida intentan ser una alternativa movilizadora que desbloquee esta situación y se constituya en un referente para amplias masas de trabajadores y de los sectores populares, promoviendo alianzas políticas y sociales también lo más amplias posibles, en una «larga marcha» que genera no pocas incomprensiones, e incluso dolorosos enfrentamientos y desgarros. Mantener la coherencia, no perder nunca el norte de nuestro proyecto estratégico, tiene un coste y lo estamos pagando.

A lo largo de décadas hemos sido el aliento y el apoyo indiscutido de las luchas obreras y populares; hemos defendido sus reivindicaciones, que eran las nuestras, en la calle y en las instituciones, cuando con la democracia tuvimos acceso a ellas. Y en el mismo sendero continuamos: las posiciones mantenidas por el PCE e IU, respecto a temas cruciales como la reforma de las Pensiones y la nueva reforma laboral, son el correlato de las sostenidas por los Sindicatos --con cuatro Huelgas General es--, por el PCE y por IU en la etapa anterior. Lo son también ¿recordáis? de las propuestas contenidas en la PSP, en la ISP...

Ante la firma de los Acuerdos por parte de CC.OO. y UGT con el Gobierno del Partido Popular, no teníamos, pues, otra elección.

La demanda de la reducción de jornada, por Ley y sin merma salarial, recogida históricamente, en su tradición obrera, por el PCE, y luego en los programas de U, se inserta en esa misma lógica. Y es bueno recordar, en las vísperas del 1º de Mayo (el hito que mantiene vivo el recuerdo de la matanza de Chicago), su contenido de clase, en tanto que disputa, frente a la otra clase, la participación en la riqueza generada.

Pero queremos resaltar que a su sentido histórico y de clase se suman hoy elementos nuevos, que en buena parte se explican por sí mismos en el contexto y en el momento político concretos que hemos ido describiendo, poniendo en primer plano el paro masivo y la precariedad, la fractura social que generan, la defensa de un modelo de sociedad alternativo y la dimensión supranacional del problema.

La necesidad existe; las condiciones creemos que también (o habrá que crearlas). Y es en ese marco en el que IU se plantea, con el total acuerdo y respaldo del PCE, no ya el mantenimiento de la «antorcha» de la reducción de jornada, sino una ofensiva movilizadora con plazos y objetivos concretos: explicación y puesta en tensión de toda la organización, actos públicos y debates a lo largo de Marzo y Abril (con la continuidad que se le quiera dar), promoción de Manifiestos e instancias unitarias con personas y organizaciones diversas en apoyo de la Ley y de propuestas alternativas al Plan de Empleo del Gobierno, encuentros internacionales, participación en movilizaciones sectoriales y territoriales, preparación del 1º de Mayo, etc., con la vista puesta en conseguir la más amplia respuesta ciudadana a la culminación de un proceso que va desde la Cumbre de Mayo en Londres, donde se santifica el acceso y puesta en marcha de la moneda única, hasta la Cumbre de Cardiff del mes de Junio, para la aprobación de los Planes de Empleo de los distintos Estados.

Después, la lucha continuará, pero es imprescindible el éxito de esta primera batalla, como un paso en el rearme social e ideológico de la izquierda en nuestro país.