Con motivo de los actos taurinos organizados en Orduña

La organización ATEA, ante la celebración, un año más, de corridas de toros en la localidad vizcaina de Orduña, desea manifestar su absoluto y enérgico rechazo a estas prácticas crueles que todavía perviven en algunos lugares como forma de diversión.

Entre todas las formas de violencia que los seres humanos ejercemos sobre los demás animales, las más perversas son aquellas en las que el maltrato se produce de forma pública, como alternativa de ocio, y amparadas por las Instituciones.

El lenguaje taurino utilizado para referirse a estos actos ayuda a enmascarar la realidad y la verdadera naturaleza de los mismos. La tauromaquia es tortura. Tortura a un ser inocente cuyo único "delito" ha sido nacer toro en una sociedad que desprecia sus derechos más básicos. Resulta obvio recordar que toros y caballos son sensibles al dolor y al sufrimiento, de la misma manera que lo somos los seres humanos. Torturar a un hombre o a una mujer no es necesariamente peor que hacer lo mismo con cualquier otro animal, y hacerlo de forma pública constituye un agravante moral.

Nos preocupa enormemente que los poderes públicos, medios de comunicación y ciudadanía en general sigan permitiendo y apoyando estos actos vandálicos (prohibidos en casi todo el mundo), aunque resulta esperanzador que cada vez sectores de la sociedad más amplios se cuestionen muy seriamente la concesión de derechos básicos para todos los animales, y no sólo los humanos.

En una sociedad éticamente decente, actividades como la tauromaquia deberían estar prohibidas y, por tanto, perseguidas por la Ley. Y sus promotores deberían ser considerados como delincuentes. Esto es, de hecho, lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, de los que somos una vergonzosa excepción.

La responsabilidad de las corridas de toros no sólo recae sobre quienes crean este espectáculo o sobre quienes pagan por presenciarlo, sino que existen otros factores para su pervivencia. Por una parte, el gran público que no se posiciona al respecto, y al que se podría acusar de cómplice por su indiferencia. Y por otra, dos grandes poderes fácticos: los poderes públicos (ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos, etc.) que no sólo permiten, sino que apoyan y promueven la tortura pública de seres inocentes, y los medios de comunicación, que informan sobre estos hechos desde el fomento y la apología.

Nos gustaría recordar una vez más la evidencia. Cuando una persona adquiere una localidad, cuando un comerciante permite la colocación de un cartel en su establecimiento, cuando una institución apoya la celebración de estos eventos, cuando un medio informa de una corrida de toros, cuando una firma comercial utiliza determinada estética o determinadas áreas de promoción, cuando todo esto sucede, se está apoyando la tortura. Y no existe una tortura específica hacia los toros o caballos, y otra diferente hacia niños o mujeres. Existe simplemente el hecho objetivo de la tortura, y sus consecuencias son tan indeseables para unos como para otros, independientemente de la especia biológica a la que pertenezcan. En este sentido resulta descorazonador tener que recurrir una y otra vez a invitar a la gente a poner en práctica un elemental ejercicio de empatía, es decir, a ponerse en el lugar del otro.

En realidad, la autoridad moral de quienes defienden estos espectáculos para indignarse por otros tipos de violencia, queda seriamente atenuada.

Este año se celebra además en la citada localidad lo que ha sido presentado como un ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PEÑAS, cuyas actividades se centrarán en una serie de actos (en los que, eufemismos aparte, torturarán hasta la muerte a inocentes), incluida una comida de hermandad, para la que ha cedido sus locales un centro docente local  (Padres Josefinos de Murialdo). A juicio de ATEA, este hecho adquiere especial gravedad dado que considera éticamente aberrante transmitir por un lado valores de solidaridad y tolerancia hacia los humanos, y aceptar al mismo tiempo en su colegio la presencia de grupos cuya principal actividad consiste en fomentar la violencia gratuita hacia determinados animales. Estamos seguros de que el mencionado centro bajo ningún concepto cedería sus instalaciones a colectivos racistas o favorables al aborto, por lo que claramente incurren en una escandalosa e inaceptable discriminación de especie, que resulta al menos tan devastadora como otras basadas en la raza, el género o el status social. Los responsables de este centro han mostrado con su actitud un absoluto desprecio hacia el sufrimiento ajeno.

Por último, ATEA desea hacer llegar a la opinión pública la urgencia de un debate serio y objetivo sobre el trato que la sociedad humana da a los animales en general y a los que se producen como actos públicos en particular.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 2001
 

Para más información:

ATEA
Apdo. 581 // 01080 VITORIA-GASTEIZ
atea@wanadoo.es