[Aportación al debate de ideas con vistas al V Congreso del
No creemos que haya que volver a una etapa superada en la cual era también un deber del militante pensar de una manera, tener ciertas creencias u opiniones y profesarlas en público y en privado. Tales imposiciones dogmáticas están en las antípodas de nuestro enfoque, y forman parte de lo que estimamos fueron lacras de una práctica viciada, acaso inevitable en las condiciones y circunstancias de la época (el durísimo combate de los comunistas en el período del acoso y el cerco capitalista a la Rusia soviética).
Sea como fuere, tales prácticas pensamos que pertenecen al pasado. Deseamos que ni se vuelva a ellas ni perduren los resabios que de las mismas puedan quedar todavía. Ha de ser uno de los pilares de la vida del partido comunista el principio de la libertad ideológica de los militantes, dentro de esas solas limitaciones ya aludidas: anhelar una sociedad sin clases, sin privilegios, sin desigualdad social, sin ricos ni pobres; luchar por ese ideal; y no infringir ninguna decisión de un órgano directivo del partido que, en el fondo y en la forma, sea conforme con los Estatutos.
Mas eso no impide tampoco al congreso del partido hacer una declaración ideológica que constituya una expresión concreta de las ideas comunistas según las entienden en un momento dado la mayoría de los militantes y que venga a incentivar y estimular ulteriormente la reflexión y el debate ideológicos, no sólo de y entre los militantes, sino también de y entre muchas otras personas que simpatizan, a grandes rasgos, con nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones.
Lo que entendemos por `comunismo' es una organización de la sociedad humana sin ricos ni pobres, sin desigualdades sociales; una sociedad en la que se poseen los bienes en común, en la que la economía está planificada al servicio del bien común; una sociedad en la cual se reparte el disfrute de esos bienes comunes según el único criterio de las necesidades de cada uno, y a la vez cada uno está obligado a contribuir al bien común según su capacidad.
Ese principio de dar a cada uno según su necesidad y exigir de cada uno contribuir al bien común según su capacidad no pretende ser una fórmula mágica. Su aplicación está ciertamente sujeta a dificultades, a problemas, como todo en la vida individual y colectiva del ser humano. Ni esa fórmula ni ninguna otra puedesolventar todas las dificultades de un plumazo y como por ensalmo. Mas constituye una aproximación razonablemente precisa, que el futuro se encargará de matizar, de articular, de modificar incluso, pero sin abandonar lo que constituye su núcleo esencial, como principio igualitario.
Desde tiempo inmemorial se ha reconocido por los mejores pensadores que ese principio igualitario es incompatible con la propiedad privada y con la economía de mercado (con la anarquía del sistema económico basado en la dispersión, en las relaciones de compraventa, en las cuales cada uno busca sólo su propio bien particular a expensas de los demás). De ahí que se haya elaborado desde hace siglos el proyecto --si se quiere utópico-- de organizar la vida social de los seres humanos en una colectividad sin propiedad privada.
En nuestro siglo se dieron pasos adelante en la implantación de una sociedad orientada a ese fin. Esa labor ha experimentado avances y retrocesos, como previamente habían experimentado avances y retrocesos alternativos todos los movimientos de progreso y de reforma social. Los altibajos y los vaivenes se han sucedido y se seguirán sucediendo, en eso como en cualquier otro proceso histórico. Si en momentos de avance se corre el riesgo de caer en un excesivo optimismo, en momentos de retroceso como el actual nos acecha el peligro opuesto (en parte resultado de ese desmesurado optimismo anterior).
Tras cada revolución en la historia ha habido un período de contrarrevolución y de triunfo pasajero de las fuerzas, las ideas y las tendencias reaccionarias.
Mas también nos enseña el proceso histórico que la humanidad nunca se ha quedado estancada, sino que siempre, tras cada período de retroceso, ha resurgido con mayor ímpetu el movimiento de avance social.
Se ha producido una victoria de la burguesía mundial en torno a 1990, con el derrocamiento del régimen soviético en Rusia, la desaparición del bloque no capitalista de Europa oriental, la restauración casi general del capitalismo. El neoliberalismo ha atacado y está poco a poco eliminando las conquistas sociales en los propios países capitalistas.
Pero la historia nos hace augurar que será pasajera esa victoria. Las situaciones injustas jamás han acabado prevaleciendo, ni han podido a la larga consolidarse, en ningún período histórico, los regímenes que la conciencia progresiva de la humanidad, en ese momento, había ya desenmascarado como injustos y opuestos a los ideales de equidad y al bien común.
Lo que caracteriza al partido comunista y a sus militantes es ese empeño por transformar la sociedad humana planetaria en una colectividad donde rija ese principio «De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad». De suyo la adhesión al principio no impone ninguna teoría en particular. Tienen cabida en el partido comunista todos los puntos de vista, todas las doctrinas, todas las elaboraciones teóricas, sean del signo que fueren, que concuerden con esa meta y que, por consiguiente, tiendan al establecimiento de una sociedad humana unida, sin divisiones, sin fronteras, sin propiedad privada ni economía de mercado, por muchas que sean las discrepancias en todo lo demás.
No tenemos ninguna receta mágica, ninguna solución milagrosa, ningún método infalible.
La conciencia colectiva del ser humano está principalmente representada, en cada época, por las personas, los grupos y las tendencias --difusas u organizadas-- más sensibles a la marcha histórica, a las necesidades colectivas de nuestra especie, y a las posibilidades que se habían ido gestando. En cada etapa de su historia, esa conciencia histórica ha tendido a proponerse unas tareas, que luego se han ido configurando, delineando y plasmando en el proceso real, en la marcha efectiva de los acontecimientos, la cual ha inventado modos de realización que no se habían previsto de antemano, o que sólo guardaban un parecido relativo con lo que se había previsto.
Mas, cualesquiera que sean los pasos a través de los cuales la sociedad humana marcha hacia la realización de esa meta de una organización comunista de la vida en común de nuestra especie, hay ya unas grandes líneas que se perfilan con claridad.
Una sociedad comunista es una sociedad en la que los seres humanos poseen todo en común, e.d. en la cual la propiedad es pública --y el disfrute de los bienes está distribuido según las necesidades, siendo por ende privado en todo aquello que sea privado por la propia índole de la necesidad en cuestión. Acercarse a esa meta significa que haya más propiedad pública y menos propiedad privada. Cuanto más cosas son de propiedad pública, más margen de posibilidades hay para que su uso pueda beneficiar a todos, y no a unos privilegiados.
Ahora bien, ¿no sucede que, bajo el actual sistema capitalista, el poder político está en manos de la burguesía dominante? Siendo ello así, como efectivamente lo es ¿no cabe decir que también los bienes de titularidad pública están, en la actual sociedad, en poder y en manos de esa misma burguesía dominante? Y, entonces, ¿en qué deja de ser un bien de propiedad pública algo en manos de esa misma burguesía? ¿Qué ventajas o qué beneficios sacan los de a pie, los proletarios, de esa titularidad pública de tales bienes?
Es perfectamente comprensible que se formulen esas inquietudes, que responden en verdad a un problema real. Sin embargo, sería unilateral ver sólo ese lado de las cosas. De suyo, de por sí, la propiedad pública es propiedad de todos, propiedad colectiva, un bien común de la sociedad, cualquiera que sea el detentador del poder en cada coyuntura.
Una propiedad de una comunidad de propietarios, sea la que fuere, no deja de serlo porque las palancas de mando de tal comunidad hayan sido asumidas por un individuo o un grupo que no actúe genuinamente para el bien de la comunidad. Que el dirigente y los dirigentes de tal comunidad estén obrando de modo que no sea auténticamente conforme con los intereses de la comunidad no elimina la propiedad común de los bienes, no despoja de su titularidad al colectivo de propietarios, al menos mientras los bienes no sean enajenados. En sí esos propietarios poseen, siguen poseyendo colectivamente tales bienes.
Esa relación de posesión colectiva es una relación básica, que de algún modo puede parecer abstracta; pero también se traduce en una serie de posibilidades concretas. En primer lugar, por desleal o torpe o malintencionado que sea el gestor de turno, algo siempre deberá basarse el uso de los bienes comunes en el principio de beneficiar a todos, y no a unos sí y a otros no. En segundo lugar, mientras subsista la titularidad colectiva persiste también la posibilidad de que un día, por un procedimiento o por otro, sea desplazado del sitio que ocupa el inadecuado gestor y se confíe la gestión a quien verdaderamente defienda el interés común.
Eso mismo sucede con los bienes de titularidad pública. Hoy, cuando detentan el poder los servidores de las clases acaudaladas, cuando las fuerzas políticas con posibilidades reales de ejercicio del poder están todas al servicio de las oligarquías privilegiadas, el uso de los bienes públicos se hace muchas veces sin respetar el principio de que tales bienes son para provecho no discriminatorio de todos. Muchas veces, la oligarquía dominante y sus lacayos en el poder manejan los bienes públicos, que son de todos, principalmente en beneficio de los ricos. Además, claro, la oligarquía trata de adueñarse de esos bienes, y los elementos reaccionarios a su servicio que se turnan en el poder, con unas u otras siglas, sirven a esos designios malbaratando o regalando una buena parte de los bienes públicos, enajenando lo público y enriqueciendo aún más a los individuos privados que ya eran ricos.
Pero incluso bajo el poder de la burguesía, representada por sus agentes políticos (PP, PSOE, CiU, PNV etc), los bienes que son de titularidad pública reciben un uso que en alguna medida beneficia a los pobres, e.d. que en alguna medida redunda en el bien de todos.
Eso no es así por generosidad o bondad de la oligarquía, cuyo egoísmo brutal y despiadado está sobradamente demostrado y corroborado, no ya en el pasado sino también en el cruel presente. Mas la lucha histórica del proletariado ha conseguido arrancar esas concesiones a los de arriba. Ha conseguido que, como fruto de esa lucha, se haya formado un sector público de la economía cuya gestión algo sí que beneficia a los desfavorecidos.
Ese sector de bienes públicos está constituido, entre otros, por bienes y espacios de uso común y por bienes afectos a servicios públicos (de sanidad, enseñanza, transporte colectivo, comunicaciones, servicios sociales, etc). Aunque dejan muchísimo que desear todos esos servicios --y más en un país como España--, es lo cierto, sin embargo, que, aun bajo el capitalismo, la existencia de ese sector de bienes públicos es ya un avance; que cuanto mayor sea (y, por consiguiente, cuanto menor sea el sector de bienes en manos privadas), más rica es la sociedad en su conjunto, más posibilidades hay de beneficio para todos y, en primer lugar, para los que más necesitados están de los servicios públicos.
Así pues, con eso se confirma que la titularidad pública de la mayor cantidad posible de bienes es ya, aun en las condiciones de la sociedad actual, un avance y que esos bienes, incluso bajo el poder de la burguesía dominante, ya reciben un uso que responde en buena medida a las necesidades populares, y que sirve para beneficiar a los pobres. (Justamente por eso las tendencias del neoliberalismo dominante tratan de eliminar hasta donde puedan ese sector de bienes de dominio público.)
Mas también está presente en este caso la segunda posibilidad a la que aludíamos: mientras más bienes sean de dominio público, más posibilidades hay de que tales bienes lleguen a tener una utilización idónea con un cambio eventual en la gestión de tales bienes, con el reemplazo de las actuales oligarquías dominantes por fuerzas que actúen en beneficio de la comunidad.
Cuándo y cómo se vaya a producir ese reemplazo es algo que en este momento escapa a nuestras posibilidades de previsión. Lo que no escapa en cambio a tales posibilidades es la certeza de que sólo lo que es de todos en común puede ser gestionado en bien de todos por un eventual gestor cuya actuación esté movida sólo por el interés colectivo. Puesto que no depende de nosotros solos el que se confíe la gestión de los negocios públicos a unos gestores así, no podemos anticipar cómo se establecerá tal gestión.
Lo que sí podemos saber es que hay que ir ampliando, hasta donde sea posible, el sector de lo público, aun bajo las condiciones del régimen burgués, ya que sólo así es posible preparar el terreno para una futura gestión de esos bienes que responda de veras a las necesidades de todos.
De ahí que haya que luchar para conseguir frenar la ofensiva del neoliberalismo que se afana por aniquilar el sector público. Su lema es el de una sociedad civil más rica y un estado más pobre. Lo que, en ese concepto, es la sociedad civil es lo privado y particular; conque la sociedad civil es más rica cuanto más riqueza hay en manos de particulares, y es más pobre cuanto más riqueza hay colectivamente en manos de todos. Según ese punto de vista, si el 70% de los bienes son poseídos por el 30% de los individuos, la sociedad civil es riquísima, al paso que si es el 70% de los bienes lo que es conjuntamente poseído por el estado, o sea por todos colectivamente, la sociedad civil es paupérrima.
Pues bien, ha de quedar claro que nuestro objetivo es ampliar la riqueza públicamente poseída. Cuanto más debilitemos a la burguesía en el poder, cuanto más logremos ampliar, con nuestra lucha anti-sistema, el espacio de lo público, más posibilidades crearemos para que un día la gestión de esos bienes sea confiada a representantes de los intereses populares; y para, entre tanto, elevar el grado en el que efectivamente esos bienes de propiedad y titularidad públicas son ya gestionados al servicio de la colectividad --y, en primer lugar, de quienes más lo necesitan. Nuestra meta es la de una sociedad que lo posea en común todo en beneficio de todos --beneficio proporcionado a las respectivas necesidades de los individuos.
De ahí que luchemos no sólo por la sanidad pública, por la educación pública, por servicios públicos de correos, transportes, comunicaciones, atención social, de facilitación de alojamiento, de urbanismo, decultura, etc, sino también por la empresa pública en todos los sectores de la actividad económica y social sin excepción, así como por la planificación económica. Una planificación que, hasta que sea eliminado el capitalismo, ha de coexistir con las relaciones de mercado, que son preponderantes. Pero que de suyo puede darse, aun bajo las condiciones del mercado, y no sólo como planificación meramente indicativa (o sea, a modo de simple consejo benévolo de un ministro o de plegaria impotente), sino como planificación regulativa y de obligado cumplimiento. Y es que la propiedad privada, según está reconocida en nuestro actual ordenamiento jurídico, no es ya el viejo derecho de usar y abusar, sino que es un derecho limitado y supeditado al bien común, un derecho que ha de ejercerse sin abusar, sin lesionar legítimos intereses de otros; y por consiguiente una propiedad privada así delimitada es perfectamente compatible con una planificación de valor imperativo y regulativo.
El que no se haya desarrollado en eso la Constitución española de 1978, que preveía (aunque sólo a título de mera posibilidad) una planificación económica es el resultado de que en estos 21 años los sucesivos equipos de turno, todos ellos incondicionalmente al servicio de la oligarquía dominante, han estado uniformemente inspirados por la ideología neoliberal privatizadora, y han enterrado las ideas antes de moda de una economía de servicio público.
Nosotros los comunistas no sólo no renunciamos a la empresa pública, a la planificación económica imperativa, sino que hemos de colocar muy en primer plano el objetivo de lograr tales metas, en toda la medida de lo posible.
Aun con relación a los bienes que no vengan incorporados al sector público, luchamos porque su uso se ajuste a unas normas en beneficio de todos. Frente al empuje de la desregulación neoliberal, luchamos por ampliar, en toda la medida posible, la regulación imperativa para obligar a las empresas a una gestión económica que tenga en cuenta las necesidades de todos.
Tal regulación ha de tener en cuenta, ante todo, la necesidad de cada ser humano que pueda hacer algo socialmente beneficioso a hacerlo, a contribuir al bien común. (Y es que, como bien lo señalaba Marx, la necesidad de contribuir, con el trabajo, al bien común es la primera necesidad humana.) De ahí que no pueda ser libre el empresario de contratar o no, de contratar más o menos, de ampliar o reducir el número de empleos en su empresa según le dé la gana o por mera conveniencia de una maximización de sus ganancias, igual que no lo es de vender veneno diciendo que es jarabe. Es menester que se imponga con carácter vinculante una cuota obligatoria de empleo según el volumen de la empresa, gústele al empresario o no le guste (igual que, gústele o no, ha de ajustar sus pesos y medidas a la normativa legal, y los horarios de sus empleados a lo legalmente dispuesto --si bien en la práctica son burladas tales disposiciones imperativas por la connivencia y vista gorda de las autoridades).
Tal regulación ha de restablecer el principio de estabilidad en el empleo, de suerte que el trabajador se vea reconocido un derecho de permanencia en su puesto de trabajo.
Tal regulación ha de tener en cuenta asimismo la necesidad de ir reemplazando unas líneas de producción altamente dañinas para la calidad de vida y el medio ambiente por otras que favorezcan un modo de vida no agresivo, de mayor calidad, ecológicamente amigable (p.ej., reemplazo paulatino del automóvil y el avión por transportes colectivos que, entre otras cosas, provoquen una menor emisión de anhídrido carbónico y otros gases altamente nocivos para la vida en el planeta Tierra).
Tal regulación ha de imponer que estén al alcance de quienes los necesitan bienes básicos para la vida civilizada como lo es la vivienda, proclamada sobre el papel como un derecho de todos pero de cuyo disfrute se ven privados muchos en la cruel práctica de los hechos reales.
Enarbolamos, pues, resueltamente esa bandera del «estatismo» o «estatalismo», o sea de una ampliación, lo mayor posible, de la intervención pública en los sectores de la producción y los servicios, enbeneficio de todos. Enarbolamos la bandera de la ampliación del dominio público. Enarbolamos la bandera de lo público.
Para que esa lucha se plasme en logros concretos, habrá que pelear todo lo que sea menester; habrá que denunciar todos los incumplimientos de las leyes vigentes, empezando por la Constitución, que consistan en no imponer la subordinación de la propiedad privada a su (en teoría obligatoria) función social, o sea al bien común; y, cuando las leyes vigentes estén diseñadas al servicio de los intereses egoístas de las clases acaudaladas y, por consiguiente, tiendan al desmantelamiento del sector público, habrá que denunciar tales leyes y habrá que proponer su abrogación, ya se trate de leyes internas o de los tratados de la Unión Europea, de las directivas de la comisión de Bruselas (todo lo cual constituye, en la lamentable situación actual, cada vez más el cuerpo normativo principal que apenas va dejando margen para una política socio-económica menos regresiva).
§4.-- Denuncia del sistema capitalista y de la política de las fuerzas oligárquicas
No desearíamos adoptar en ese punto una posición tajante y cerrada. Es difícil demostrar convincentemente que, dados unos supuestos de hecho, hayan de seguir inevitablemente determinadas consecuencias. Cualquier demostración así dejará eslabones atacables y flancos abiertos a las objeciones.
La experiencia --y a ella nos atenemos-- sí nos muestra que efectivamente los políticos al servicio de las oligarquías y de las clases acaudaladas en general imponen desde el poder normas y actuaciones de la administración que son favorables a los de arriba y perjudiciales para los de abajo; y eso en mayor o en menor medida según las circunstancias --entre otras según la resistencia popular a la que les toque enfrentarse en cada momento.
La experiencia corrobora también la tesis de Carlos Marx de que, mientras estén en manos de los capitalistas los principales bienes de la sociedad, la burguesía es y seguirá siendo la clase dominante, y que las organizaciones culturales y políticas del sistema están y estarán a su servicio, siendo superestructuras con un definido carácter de clase burgués.
No hace falta ninguna gran teoría para explicar eso, sino que basta con constataciones de Pero Grullo. Es enorme el poder del dinero. En cualquier colectividad sistemáticamente basada en las relaciones de compraventa el poder del dinero es el mayor poder. En cualquier sociedad así los adinerados, y los más adinerados principalmente, son los que acaparan o acaban acaparando el poder; los que pueden permitirse comprar --y de hecho compran-- los buenos oficios de las personas cultural y políticamente influyentes.
En el sistema capitalista la prensa es prensa burguesa, de la burguesía, de propiedad burguesa, al servicio de esa misma burguesía. Burguesas son las empresas de difusión de ideas. Burguesas son las fuerzas políticas con posibilidades de ejercer el poder. Todas esas organizaciones están apadrinadas por unas u otras fracciones de la burguesía, a sus órdenes, a su servicio; todos los resortes del poder mediático y del político están íntegramente en manos de la burguesía, y principalmente de la oligarquía financiera, o sea de los más ricos de los ricos.
La democracia que existe bajo el sistema capitalista es una democracia burguesa. De hecho el poder de la burguesía puede ejercerse, y se ejerce, unas veces con la forma de la democracia burguesa, otras con la de regímenes totalitarios. Su esencia es la misma: el poder político de la burguesía.
La democracia burguesa no es burguesa porque en ella esté desigualmente distribuido el derecho de voto, porque en la moderna democracia burguesa no es así. Es burguesa porque el enorme poder del dinero haceque los medios de comunicación estén casi monopolísticamente en manos de los ricos y a su servicio y en manos de los ricos y a su servicio estén casi todos los vehículos de opinión o de influencia social, de suerte que es prácticamente nula la posibilidad de que, por esa vía, y dentro de ese marco, puedan llegar al poder fuerzas cuyas propuestas beneficien a las clases trabajadoras y populares.
Tras la derrota de los regímenes no capitalistas en Rusia y Europa oriental en torno a 1990, las burguesías en el poder tratan de destruir las conquistas sociales que obtuvieron los proletarios en decenios anteriores gracias al temor que tenía la burguesía en el poder a una perspectiva de revolución social y de reforzamiento del sector de opinión favorable al campo no-capitalista. Entonces la prudencia de los de arriba y la lucha de los de abajo confluyeron en imponer legislaciones de estabilidad laboral, seguridad social, regulación económica, sector público, empresas públicas, servicios sociales. Ese movimiento experimentó un avance vertiginoso --y se llamó, muy exageradamente, `estado del bienestar'-- en Europa occidental a raíz de la II guerra mundial (justamente por temor al prestigio del campo soviético). En España llegó más tarde y en menor medida, mas aun la sanguinaria tiranía fascista de Franco se vio obligada --para no ser el único estado de esa región que careciera por completo de tales instituciones-- a establecer algo de todo eso, aunque fuera mezquino y a veces exiguo.
La ofensiva neoliberal tendente a destruir esos avances sociales se inició con el ciclo económicamente crítico y convulsivo del sistema económico capitalista que sufrimos desde 1970. Y ha alcanzado su apogeo tras el derrocamiento del poder soviético en Rusia.
En España, esa reacción neoliberal coincide con la nueva etapa política que marca la transición. Durante los primeros años de la misma, las fuertes luchas reivindicativas proletarias asustaron a la oligarquía, y, a la vez que empezaban a imponerse las primeras medidas de desregulación neoliberal (p.ej. los trabajadores perdieron su derecho a permanecer en sus puestos de trabajo a menos que el despido fuera justificado) y desmantelamiento de nuestro escuálido estado del «bienestar», contradictoriamente hubo, en tal o cual ocasión, tal concesión puntual (p.ej. en salarios).
Obviamente para la oligarquía se trató de hacer un negocio. Negoció el otorgamiento de la apertura política y la libertad --restringida-- de asociación, así como la celebración de elecciones, a cambio de que los representantes populares tragaran con esas primeras medidas neoliberales o al menos no libraran una fuerte batalla contra las mismas.
Esa ofensiva neoliberal se acentuó con la llagada al gobierno del PSOE y se tradujo en las reconversiones, desregulación económica, privatizaciones a mansalva, recortes a la seguridad social, liberalización de alquileres, regalos fiscales a las grandes empresas y finalmente una brutal contrarreforma laboral que incrementó la precariedad en el empleo hasta extremos antes inauditos.
El PP ha proseguido exactamente esa misma política, dando los ulteriores pasos adelante que, con toda probabilidad, hubiera dado el PSOE en esa misma línea.
La misma política socio-económica neoliberal ha sido aplicada también por los gobiernos de las comunidades autónomas (p.ej. por CiU en Cataluña, el PNV en el País Vasco, etc).
A la vez, la lucha popular ha obtenido en este período (los últimos 10, 15 ó 20 años), frente a tantos retrocesos en todo lo reseñado, algún que otro pequeño avance puntual; p.ej. la introducción en España de esos ingresos mínimos de integración (con conceptos similares, bajo diversas denominaciones), sin los cuales hubiera sido pavoroso el impacto conjunto del paro (consecuencia de la crisis económica de superproducción) y del desmantelamiento del sistema de prestaciones de desempleo; o tal o cual medida aislada de protección del medio ambiente; o, en algún que otro lugar aislado, mejoras del sistema de transporte público (p.ej. recientemente --aunque con notoria y clamorosa insuficiencia-- en la comunidad de Madrid); o alguna que otra medida (que apenas ha pasado del papel) de protección a los minusválidos y discapacitados; o ciertos pasos adelante en la normativa legal que han eliminado discriminaciones contra la mujer; o un comienzo desensibilización de la opinión por los problemas de los inmigrantes y la obligación moral de ser un país abierto y acogedor, que no cierre las puertas a los pobres de afuera (a los que se ven forzados a emigrar como forzados o empujados por necesidad económica se vieron millones de españoles unos decenios atrás); o finalmente un comienzo de solidaridad con el tercer mundo.
A salvo de esos detalles --que existen, pero que son secundarios--, la línea aplicada en toda su política por los representantes de las oligarquías dominantes --línea de retorno a un capitalismo puro y duro, a un salvaje capitalismo neoliberal-- es básicamente igual sea cual fuere el grupo político de turno al que la burguesía, a través de las consultas electorales, confía la gestión de la cosa pública.
En España en particular un hecho alcanzó hace unos años notoriedad pública (pero se echó, como siempre, tierra encima). Se descubrió que existe en este país una camarilla de notables y ricachos que hacen y deshacen los gobiernos, que apuestan, según las circunstancias, por éste o por aquél (sea, según los casos, la UCD, el PSOE o el PP); controlan los principales medios de comunicación, los principales resortes de la opinión pública; de suerte que hasta ahora nunca les ha fallado su plan, sino que siempre --a tenor de las circunstancias de la vida política, y permanentemente guiados por un hilo conductor (imponer en España el bipartidismo a salvo de los partidos nacionalistas periféricos)--, ha ido a misa lo que decían en sus cenáculos; o sea, siempre ha ganado las elecciones aquel grupo por el que había apostado, en cada caso, esa camarilla de palacio. Y siempre el ganador de las elecciones ha correspondido a la confianza en él depositada, imponiendo una política favorable a los intereses depredadores de los ricos en general, y a los más específicos de los integrantes de la camarilla en particular.
No vamos a enumerar aquí todas las facetas de esa política socio-económica reaccionaria y antipopular que han aplicado los obedientes equipos gubernamentales de turno (tanto del estado español cuanto de las comunidades autónomas). Más arriba han venido reseñadas varias de ellas.
De todas esas facetas, la que más hay que recalcar es la fiscalidad reaccionaria. Muchos ignoran que, en los últimos momentos de su gestión gubernamental, el PSOE concedió un regalazo fiscal a las grandes empresas, que luego se fundió con las nuevas reformas fiscales del PP, que aprovechó para atribuirse el mérito ante los grandes empresarios. Esa política fiscal ha redundado en una gigantesca pérdida de recursos del estado y equivale a una transferencia gratuita a los particulares (a los ricos) de buena parte de los recursos económicos de la colectividad.
Están en la mente de todos: las privatizaciones; el abaratamiento del despido; precarización del empleo; desregulación y desprotección laborales (avaladas por los sindicatos mayoritarios, que se han alejado de los intereses que decían representar); Pacto de Toledo para el recorte de las pensiones; el desmantelamiento de buena parte de los servicios públicos; la práctica eliminación de sistemas de vivienda social de alquiler; el cierre de vías férreas (Ruta de la Plata, vías férreas en comarcas gallegas, ferrocarril de Soria, etc); las ampliaciones aeroportuarias --por presiones y conveniencias de las empresas monopolísticas del transporte aéreo-- que están provocando una catástrofe medioambiental y de salud de magnitudes colosales.
Cualquier persona informada sabe que básicamente se trata de medidas aplicadas uniformemente y cada vez más por todos los gobiernos oligárquicos que ha habido en España (y en las comunidades autónomas) a lo largo de estos últimos veintitantos años.
Lo mismo que ha pasado en España ha sucedido en los demás países capitalistas; sólo que en cada uno según las condiciones particulares y teniendo en cuenta la mayor o menor amplitud del estado del bienestar que se trataba de destruir así como la mayor o menor resistencia proletaria. En países como Francia donde era fortísimo el sector público y la tradición republicana progresista, la destrucción ha tenido que ser nucho menor, porque mayor ha sido la resistencia de los sectores obreros y populares. A pesar de la reacción neo-liberal, la República Francesa conserva su envidiable infraestructura ferroviaria, muchos de sus envidiables servicios públicos, todavía una presencia estatal en la economía (aunque cada vez menor, eso es cierto), que garantizaa todos los franceses un mínimo de participación en el bienestar general. Si en España partíamos de menos, la destrucción ha sido mayor, y el resultado está a la vista de todos.
Si en tantos campos la burguesía dominante ha logrado en estos últimos lustros el desquite respecto de las concesiones que (principalmente por la presión que constituía la mera existencia del bloque soviético) se había visto obligada a hacer tiempo atrás, parecía que al menos en un terreno sí se estaba ganando: el relativo a la conciencia de medidas de protección medioambiental. Los encuentros internacionales de Río de Janeiro y de Kyoto marcaron pautas que, por insuficientes que fueran, sí iban en la buena dirección.
Mas ¿qué pasos reales ha habido? Prácticamente ninguno. En España se siguen agravando cada año las emisiones de anhídrido carbónico y de otros gases contaminantes (cuya causa principal la constituyen la producción y el uso de automóviles y el transporte aéreo). Si ya al ritmo que íbamos caminábamos a un desastre ecológico, al acelerado paso de estos últimos años la catástrofe está a la vuelta de la esquina.
Claro que la humanidad sobrevivirá a esa catástrofe y logrará rehacerse. Pero entre tanto mucha gente habrá sufrido consecuencias atroces (países enteros serán sepultados por las aguas marinas como consecuencia del efecto invernadero provocado por las emisiones de anhídrido carbónico). Tal vez escarmentaremos demasiado tarde (demasiado tarde al menos para poder articular una transición razonablemente paulatina a nuevas técnicas medioambientalmente amigables). A la burguesía desde luego lo que le preocupa es hacer entre tanto buenos negocios. La preocupación medioambiental es, para ella, muy secundaria. Lo demuestran los hechos.
Mas, siendo todo ello grave y condenable, es todavía poca cosa en comparación con otra nueva faceta, mucho más temible, de la línea seguida por la burguesía en el poder en estos últimos años, particularmente por el imperialismo yanqui y sus aliados, los imperialistas de Europa occidental: la política de armamento y de guerra.
De nuevo hemos de manifestar que desconocemos si es o no inevitable y necesario que así sea; no sabemos si hay una prueba de que el capitalismo forzosamente tiene que aplicar una política de armamentismo y de guerra. Lo que sí vemos por experiencia es que siempre la ha aplicado y que la aplica y que ha intensificado esa política de muerte y destrucción.
Engañaron a la gente diciendo que, si dedicaban al armamento porcentajes pavorosamente elevados del presupuesto estatal, era por la amenaza del bloque soviético. Mas mientras existió ese bloque hubo paz en Europa. Ahora está claro qué es lo que salvaguardó la paz: justamente la existencia de tal bloque, con una fuerza desde luego pequeña en comparación con la del riquísimo y poderosísimo Occidente, pero no desdeñable de todos modos.
Si el imperialismo yanqui ha perpetrado decenas de agresiones desde el final de la segunda guerra mundial, tales agresiones, lejos de extinguirse al terminarse la guerra fría que les sirvió de pretexto, se han intensificado en estos años. El pueblo de Irak lleva ya 9 años sufriendo las agresiones, cercos, bloqueos y bombardeos del imperialismo que han matado a un millón de irakíes. Los yanquis atacaron y bombardearon al pueblo de Somalia; se adueñaron de Panamá y de Granada con sendas expediciones militares; gastando muchísimos miles de millones de dólares en armar al fundamentalismo islámico, derrocaron al gobierno legítimo de Afganistán que encabezaba Babrak Karmal, y han conducido a ese desgraciado país a la feroz tiranía del integrismo; tras destruir a Yugoslavia por intervenciones solapadas, los EE.UU y sus aliados de la OTAN han lanzado una espantosa guerra contra ese país (por no haber privatizado su economía suficientemente de prisa y en toda la medida que exigía la voracidad capitalista); la guerra ha matado a miles de personas, ha dejado tullidos y lisiados a muchos miles más, y ha causado a la nación yugoslava más destrucción material que la que perpetró la Alemania nazi en los cuatro años de guerra 1941-45.
No estábamos preparados para esta nueva fase, bastante súbitamente intensificada, de nuevas agresiones crueles, de una ferocidad despiadada que supera incluso en algunos aspectos el registro ya de suyo estremecedor de previas guerras de nuestro siglo (y que ha pisoteado todas las normas de la legalidadinternacional, incluso los tratados de humanización de la guerra, retrocediendo a prácticas de las más bárbaras que conoce la historia). El hombre, ya es sabido, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. E igual que el desencadenamiento (perfectamente previsible) de la I guerra mundial cogió desprevenidos a los partidos socialistas aburguesados, igual ha cogido de sorpresa aun a las fuerzas sinceramente progresistas --y no nos excluimos-- el comienzo de este nuevo período de guerras --que hemos visto comenzar y que no sabemos cómo evolucionará y a dónde conducirá--.
Si con pretextos falaces, baladíes e infundados, manipulando a la opinión pública y bajo un ropaje pseudo-humanitario, el imperialismo ha perpetrado una agresión así --una de las más horrendas e injustificadas de la historia, y la acción agresiva más netamente ilegal de todos los tiempos--, sólo porque Yugoslavia no se sometía plenamente a sus exigencias de rápida restauración capitalista, eso no hace presagiar nada bueno. Nos hemos acostumbrado a unas relaciones políticas ciertamente desfavorables para el avance de las reivindicaciones proletarias y populares, pero al menos civilizadas, sin lucha cruenta, donde se nos ha dejado al menos un pequeño espacio de expresión pacífica de nuestra disidencia y de nuestras protestas. El desencadenamiento de la agresión contra Yugoslavia en marzo de 1999 nos hace temer que eso no va a seguir siendo así, y que la burguesía está dispuesta --tras haber proseguido su ofensiva antiproletaria y antipopular en el plano de la política social y económica-- a emprender nuevas y más duras ofensivas en otros planos.
No podemos vaticinar nada y no queremos arrogarnos dotes proféticas. Ni siquiera queremos partir de premisas doctrinales ni de esquemas. Simplemente de los hechos y de la experiencia. Y desde luego todas esas constataciones nos llevan a estar alertas y a decirle al pueblo que tiene que estar alerta, ojo avizor, porque esa nueva fase de la política agresiva del imperialismo hace que se ciernan negros nubarrones en el horizonte.
De hecho esta nueva etapa de más exacerbada lucha de clases la ha desencadenado la burguesía imperialista al haber roto la legalidad --tanto la legalidad internacional cuanto la legalidad interna de cada estado-- emprendiendo el camino de la violencia al lanzar la implacable guerra de exterminio contra el pueblo yugoslavo sin ni siquiera respetar las más mínimas formalidades jurídicas. Eso significa que la clase dominante ha roto el pacto social --ese pacto que, explícito o implícito, existe en cualquier sociedad civilizada, en la que no impere la simple fuerza bruta; un pacto por el cual los gobernados se someten a la autoridad de los gobernantes a cambio de que éstos respeten ciertas normas de conducta, incluidos ciertos procedimientos legalmente establecidos.
No nos extraña mucho que, coincidiendo con el inicio de esta nueva fase, se produzcan atentados contra las libertades. En Bélgica, represión policial contra manifestaciones pacíficas de una violencia inusitada. En Italia persecuciones contra grupos perfectamente pacíficos y no violentos de extrema izquierda. Muchos hechos similares se han producido en otros países capitalistas.
Y, por supuesto, en España, donde ya sufríamos recortes de las libertades como los propiciados por la Ley Corcuera (o «ley de la patada en la puerta»). Probablemente no haya grandes novedades en esto, pero no deja de merecer señalarse en esta nueva etapa recién iniciada algo como la brutal represión contra el movimiento «okupa» p.ej.
La pomposa celebración el año pasado del cincuentenario de la declaración universal de los derechos humanos va así acompañada no sólo del retroceso de los derechos sociales, económicos y culturales (que son al fin y al cabo tan derechos humanos como lo pueda ser la libertad de prensa, y mucho más importantes para el común de los mortales), sino incluso de recortes a los derechos clásicos del liberalismo. Eso para no hablar ya de las acciones consentidas de los grupos fascistas, neo-nazis y racistas, de lo cual hemos tenido en España un caso reciente (los incidentes de Tarrasa), punta del iceberg de un racismo brutal aplicado perseverantemente por los sucesivos gobiernos oligárquicos (ley de extranjería del PSOE, que el PP ha mantenido íntegra).
§5.-- Las consecuencias de la destrucción del bloque no-capitalista
Lo que al respecto se nos presenta no es únicamente el hecho de que en la mayor parte de los países en los que se habían implantado regímenes no capitalistas éstos han caído antes o después --cosa que es desde luego bastante obvia--, sino que eso sucedería por la crisis interna de tales regímenes, los cuales revelarían así su incapacidad para mantenerse estables, su vulnerabilidad y --más que nada y en definitiva-- su fracaso total. Pareciera --de aceptarse las tesis que de mil modos se nos inculcan desde los órganos de comunicación-- que las revoluciones comunistas, tras devorarse a sí mismas, sucumben por no poder impedir que quede de manifiesto la inviabilidad del sistema que pretendían establecer o, si no inviabilidad, sí al menos inferioridad patente frente a los beneficios que comportaría o posibilitaría el capitalismo.
¿Era perfecta la situación existente en los países del Este antes de la llegada de Gorbachov al poder y de los acontecimientos que ella provocó? No, la situación anterior era mala; pero eso no justifica la nueva situación ya creada, puesto que la nueva es mucho peor.
El derrumbe de los regímenes no capitalistas de Europa oriental no sólo ha suscitado el entusiasmo de la burguesía sino que ha desalentado y apabullado a casi todos los sinceros partidarios del comunismo hasta el punto de que se oye casi unánime la declaración de que uno no añora el estado de cosas anterior a tal derrumbe, ni ha de añorarlo, ni lamentar que se haya producido ese desmoronamiento, puesto que la situación anterior encerraba los males que han dado lugar a su socavamiento primero y derrocamiento después.
Frente a tales tesis, hay que recordar que, si bien la situación anterior al derrumbe encerraba muchos males, y si bien es verdad que no va a ser posible volver a tal situación (en rigor, y en sentido estricto, nunca se vuelve a nada), el mencionado derrumbe fue un hecho lamentable, un terrible retroceso histórico, una derrota de quienes luchan por un mundo mejor.
Porque la situación anterior, con todos sus inconvenientes, era cien veces menos mala que la derivada de ese derrumbe. Y por lo tanto quienes condenamos el desorden capitalista reinante tenemos la tarea de luchar por una situación que será nueva, irreductible a cualquier situación pretérita, pero más se tendrá que parecer a las situaciones del «socialismo real» que a la de la economía de mercado.
Con todas sus imperfecciones (muchas de ellas, posiblemente, inevitables), los logros de los que fueron regímenes del «socialismo real» seguirán siendo fuente de inspiración y motivos de aliento para las luchas futuras contra el sistema capitalista. Aliento, porque la experiencia ha demostrado la posibilidad de establecer alternativas al capitalismo, alternativas menos malas que él, alternativas capaces de conseguir no sólo mayor igualdad social, sino, además, para los trabajadores, para los de abajo, para los pobres, unos niveles de vida superiores (sin cargar la explotación sobre las masas miserables de otros países --que es lo único que ha logrado hacer el capitalismo, aliviando un poco aquí a expensas de agudizar la explotación allá). Esa posibilidad está históricamente probada. No es ningún sueño, pues, la idea de derribar al capitalismo e implantar una economía planificada, sin propiedad privada, y en la cual las desigualdades sociales sean infinitamente menores que bajo el capitalismo.
Tenemos que reiterar algunas afirmaciones de principio básicas más arriba consideradas ya. Sea buena o mala, democrática o no, la gestión de una comunidad de bienes, ésta no por ello deja de existir; lo cual significa en la práctica: (1º) que es imposible, o dificilísimo en una situación concreta dada, que los gestoresdel bien común no tengan en cuenta para nada los intereses comunes; y (2º) que, mientras los bienes sigan siendo de propiedad común, hay posibilidades de que accedan a la gestión otros que los gestionen mejor, de manera más acorde con el común interés de los comuneros o co-propietarios. Eso se confirma plenamente con la experiencia de la URSS y demás regímenes del Este.
De hecho la planificación en la URSS dejó mucho que desear, pero jamás estuvo totalmente divorciada de las necesidades de la gente. Fue una sociedad de pleno empleo. Las desigualdades sociales eran mucho mayores de lo deseable; se hubieran podido dar pasos más rápidos y firmes hacia una mayor igualdad; pero, aun siendo mayores de lo deseable, tales desigualdades eran pequeñísimas en comparación con las que padecemos bajo el capitalismo.
El principio de distribución `A cada cual según su trabajo' (que de suyo se presta a muchas interpretaciones) no siempre fue aplicado de la manera que más nos gustaría a quienes añoramos la igualdad social; además habría podido empezarse a aplicar, al menos en parte, el principio `A cada cual según su necesidad'. Tampoco la solidaridad antiimperialista de la URSS fue siempre tan intensa como hubiera sido deseable (si bien es fácil hoy y lo fue entonces criticar, siendo difícil ponerse en la piel de los decisores, que se enfrentaban al riesgo de guerra que hoy vemos que era bien real).
Mas, a pesar de esas deficiencias, el sistema era de suyo no-capitalista; lo cual se tradujo en más solidaridad y menos arbitrariedad que bajo el capitalismo; se tradujo en un grado de reparto equitativo entre todos muchísimo más alto que el que ha establecido nunca el capitalismo aun en los momentos de mayor florecimiento del «estado del bienestar»; y también se tradujo en innumerables mejoras más concretas de la la vida de la gente --p.ej. en los pasos que se dieron hacia la eliminación de la supremacía masculina (muchos más, y más veloces, que en los países capitalistas más adelantados).
Considerado todo ello, hemos de responder a la objeción de que todo eso no cuenta para nada porque no había democracia. (Se admite que todos los órganos de dirección política eran, desde luego, elegidos por el pueblo; mas tal elección no era auténticamente democrática en la medida en que el elector no tenía opción entre alternativas genuinamente diversas.)
Para contestar a tal objeción, preguntamos: si era mala la política económica y social que se aplicó en la URSS ¿habría sido buena una política económica y social idéntica pero tomada por un gobierno que hubiera ganado elecciones libres o plurales? Si, en cambio, era buena la política seguida, ¿habría cambiado el carácter de clase y hasta la propia índole de las relaciones de producción sólo porque hubiera habido partidos políticos compitiendo por ganar las elecciones?
Nos parece que la cuestión de si es deseable o no que haya la mayor libertad de asociación y de elección de candidatos es un asunto enteramente distinto y separado de la cuestión de las relaciones de producción y de la deseabilidad de una política socio-económica.
En primer lugar, resulta algo dudoso que fuera posible compatibilizar libertad política y sistema de propiedad no-capitalista en las condiciones históricas concretas en que existieron aquellos regímenes, al menos en las que prevalecían durante los primeros decenios. No por el mero hecho de que una cosa sea deseable es posible.
En segundo lugar, aunque la máxima libertad de expresión, de organización y de participación electoral es, desde luego, un bien --que valoramos en sí y por sí mismo--, no garantiza en absoluto que se alcance por medio de ella una política justa. Ni siquiera garantiza que haya concordancia entre las aspiraciones de los electores y las políticas de los elegidos, al no existir mandatos imperativos.
Y, en tercer lugar, sea de ello como fuere, no es correcto valorar la base socio-económica de una sociedad por las formas de configuración de su superestructura política. Ni en una sociedad capitalista ni en una sociedad no capitalista. Son asuntos diversos.
De ahí que nosotros, que propugnamos una sociedad sin desigualdades, pero también, naturalmente, una sociedad con la máxima libertad individual compatible con el respeto a los derechos de los demás y al bien común, lamentemos --como hemos de lamentar-- que en la URSS nunca haya habido un sistema pluripartidista y abierto a la concurrencia de ideologías opuestas. Esas restricciones a la libertad son un mal. Si en aquella circunstancia histórica era concretamente posible tener ambas cosas a la vez --no-capitalismo y libertad política-- no lo sabemos, como tampoco sabemos si eran imprescindibles las restricciones a la libertad en que han incurrido tantos otros movimientos de progreso social y de revolución en la historia.
No tomamos como modelo ninguna revolución del pasado para nuestro proyecto futuro. Pero sí decimos que la experiencia demuestra la posibilidad de un sistema no capitalista orientado al comunismo. Y decimos que es muy positivo el balance de aquella experiencia, con todas sus insuficiencias.
Gracias a la URSS y al bloque soviético tuvieron lugar: (1) avances del proletariado occidental («estado del bienestar»); (2) conquistas de la lucha anticolonialista en el tercer mundo, principalmente Asia y África (y también gracias a esa existencia pudo triunfar la revolución cubana); (3) situaciones de paz duradera en Europa; y (4) mejoras del nivel de vida de los propios pueblos de Rusia y demás países del Este, los cuales gozaron así de un bienestar muy superior al que a esos pueblos aporta el sistema capitalista. (No más elevado que el que el capitalismo aporta a los franceses o ingleses, porque el nivel de vida que aporta a un pueblo un sistema económico depende de todo el cúmulo de condiciones concretas y particulares --y en primer lugar del nivel de desarrollo económico y tecnológico de que se parta en cada caso.)
Además de todo eso, hoy han salido a la luz muchos datos que corroboran la veracidad de lo que quiso decir el Presidente George Bush con su aserto de que los EE.UU habían ganado la guerra fría. Lejos de que los acaecimientos de Rusia y demás países del Este hayan sido fruto de una evolución meramente interna, sabemos hoy que el Occidente, y sobre todo los EE.UU --que gozaban de una apabullante superioridad de recursos militares, económicos, financieros, propagandísticos y humanos--, emplearon a fondo --con astucia, habilidad y tesón que es menester reconocerles-- ingentes y poderosísimos medios para desestabilizar, desgastar, erosionar y socavar al régimen soviético y a los demás regímenes de Europa oriental.
Eran regímenes vulnerables y débiles que justamente --y en contra de lo que se ha dicho-- se basaban en la opinión pública respectiva y en mecanismos de democracia participativa pactada, de consentimiento de los gobernados, no en la fuerza de inasaltables o atrincheradas guardias pretorianas divorciadas del pueblo. En los regímenes capitalistas siempre sucede que, en el caso de que excepcionalmente accedan electoralmente a la dirección de la cosa pública partidos de signo anti-sistema, entra en acción el ejército dando un golpe de estado y asegurando la intangibilidad de los privilegios de las clases altas. Por el contrario, en los regímenes no capitalistas no hubo ningún ejército así que tuviera por misión asegurar la estabilidad del sistema aun en contra del consentimiento popular. Por eso, al resquebrajarse tal consentimiento, al erosionarse tales mecanismos de participación pactada (al haber accedido a la dirección suprema un hombre hostil al propio sistema, como lo era Mijail Gorbachov), tenían que venirse abajo, como castillos de naipes, tales regímenes --que entre tanto habían ido incurriendo en desarme moral y en la introducción creciente de mecanismos de economía de mercado que adulteraban al sistema y corrompían a las élites.
Tal vez hubiera sido posible evitar todo eso; p.ej. absteniéndose de introducir mecanismos corruptores de economía de mercado; aplicando criterios distributivos más igualitarios --más próximos al principio de dar a cada cual según las necesidades y no según el trabajo--; estableciendo un sistema pluripartidista competitivo; ampliando los márgenes de libertad ideológica; elevando, con todo ello, la autoridad moral y el prestigio del sistema; intensificando a la vez la denuncia de los males del sistema capitalista y adoptando así una línea más militante. Con la perspectiva de hoy puede pensarse que tal vez todo eso habría evitado la catástrofe. A ciencia cierta no lo sabemos ni lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que la línea oficial, que no hizo ninguna de esas cosas, no evitó la catástrofe.
Nuestra actitud hacia todos esos hechos y problemas históricos ha de estar basada en los principios irrenunciables de la denuncia del capitalismo y de la democracia burguesa, en la reivindicación y rehabilitación de los logros positivos de esa magna empresa revolucionaria, sin desconocer sus errores ni sus insuficiencias; pero también ha de basarse en enfoques exclusivamente empíricos y racionales, sin prejuicios, sin dogmas, ni en un sentido ni en otro.
Cuando defendemos la memoria histórica de la URSS y del movimiento comunista internacional de decenios atrás lo hacemos sin por ello caer en el absurdo dogmatismo de querer repetir aquellas experiencias, que obedecían a otras circunstancias históricas --igual que hablamos de Espartaco, y que lo consideramos un precursor nuestro, sin pretender revivir sus formas de lucha contra el yugo de los esclavistas de hace dos milenios. (Salvadas las distancias, claro, de los dos mil años.)
El mundo de hoy en unas cosas sigue siendo similar al de 1917, pero en otras cosas no lo es. La misma clase privilegiada continúa detentando el poder. Sigue el mismo sistema social y económico. El elenco de las grandes potencias es casi el mismo que entonces. Las injusticias y los horrores del sistema capitalista siguen siendo espeluznantes e insoportables. Pero han cambiado mucho las mentalidades, las condiciones de vida de las masas trabajadoras, las expectativas, incluso las políticas de la clase dominante (entonces guerreaban entre sí; hoy se unen para hacer la guerra a los indefensos y débiles).
De antemano no sabemos cuáles de las estrategias y tácticas que tenían sentido hace 80 años pueden seguir teniéndolo hoy. Justamente porque no somos dogmáticos, porque estamos abiertos a los hechos, porque nuestro método es analítico, argumentativo, racional y empírico, no queremos esquemas a priori. No disponemos de ningún recetario; la experiencia nos ha enseñado a desconfiar de los recetarios.
Pero sí tenemos principios irrenunciables. Ante todo luchamos por una sociedad sin ricos ni pobres, por la sociedad comunista. En segundo lugar constatamos y denunciamos los males del régimen capitalista. En tercer lugar estamos persuadidos, por el razonamiento y la experiencia --no por dogmas ni por juicios preconcebidos--, de que en el marco del sistema capitalista todo poder mediático y político, cualesquiera que sean sus formas, es el poder de la clase dominante, de la burguesía. Y en cuarto y último lugar, sostenemos que --según lo ha probado la experiencia histórica-- el capitalismo no es inevitable, sino que se puede construir una sociedad no capitalista. (Tal vez no una sociedad tan perfecta como lo anhelaríamos; tal vez menos exaltante; tal vez en cada caso con defectos achacables, ora a los unos, ora a los otros, siendo obra humana; pero, sea como fuere, una sociedad orientada a la comunidad de bienes y a la igualdad social.)
En 1939 la oligarquía financiera y terrateniente española impone al pueblo español una feroz y sanguinaria tiranía fascista, actuando como agente de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, pero contando también con el respaldo de las demás potencias imperialistas (EE.UU, Inglaterra y Francia).
A la muerte del verdugo y déspota Francisco Franco Bahamonde en 1975, la oligarquía dominante --siempre actuando a las órdenes de las potencias imperialistas-- inicia una maniobra de reconversión política para garantizar y asegurar la continuación de su poder cambiando las formas.
Puesto que la tiranía fascista era un mero poder de facto absolutamente ilegal e ilegítimo en todos los órdenes, puesto que la II República española no había nunca cesado de existir legalmente ni nadie con autoridad legal para hacerlo había abrogado su Constitución, las fuerzas democráticas españolas hubieran debido exigir en 1975 y años sucesivos el restablecimiento de la constitución republicana, o, como mínimo, un plebiscito del pueblo español para decidir si quería monarquía o república. No se hizo. Se aceptó lo que impuso el poder de facto, heredero y continuador del franquismo.
Las condiciones de la transición española de 1975-79 habrán de ser estudiadas y valoradas críticamente por las futuras generaciones. Nuestras reflexiones críticas no pretenden decir ni mucho menos la última palabra, entre otras cosas porque nunca hay tal, pero también porque no podemos enfocar el problema de manera imparcial.
El hecho es que las Cortes bicamerales que elaboraron la actual constitución (en el bienio 1977-78) no fueron cortes democráticas. Las condiciones de su elección distaban de ser las propias de unas elecciones libres. Era muy poco democrático el sistema electoral para el congreso, con sobrerrepresentación de las provincias menos adelantadas y menos pobladas (un sistema que se ha mantenido en la actual monarquía, porque ha seguido interesando a los sucesivos equipos oligárquicos de turno, desde el de Suárez hasta el de Aznar). Peor era la existencia de un senado como aquel, con un quinto de nombramiento regio, que naturalmente había recaído en magnates, altos dignatarios acaudalados y personajes de la alta burguesía. Y ese senado regio podía vetar cualquier proyecto de constitución. Además la constitución sólo podría adquirir vigencia si era promulgada y sancionada por el monarca. Y por último la amenaza del golpe de estado se cernía todo el tiempo sobre aquellas cortes constituyentes (cuyas atribuciones de tales ni siquiera eran claras aun en los términos de la presunta legalidad que las amparaba); de hecho acabó produciéndose ese golpe pocos años después, aunque fracasó porque ya entonces no correspondía a las necesidades de la clase dominante.
Una constitución elaborada en tales condiciones difícilmente podía corresponder a lo que necesitaba el pueblo español. El dilema que se ofreció en el referendum a los españoles era o bien tomar ese proyecto de constitución o bien seguir con un sistema como el franquista.
Nada tiene de extraño que la constitución salida de ese chanchullo sea una constitución cuyos rasgos democráticos son sumamente insuficientes y relativos. La jefatura del estado no procede de elecciones; y esa magistratura es la que ejerce la suprema prerrogativa arbitral y moderadora, la que expide (o no) los decretos, la que sanciona y promulga (o no) las leyes, la que ejerce el supremo mando de las fuerzas armadas, la que selecciona y nombra al Presidente del gobierno (requiriendo para el nombramiento la aprobación del congreso).
¿Son atribuciones puramente teóricas, sobre el papel, de mera fachada, sin sustancia? ¿Son competencias meramente nominales? Eso se puede sostener mas hay que probarlo. Que unas atribuciones se ejerciten o no, que unos derechos se ejerzan o no, no quita ni pone a la existencia de tales facultades y prerrogativas. Si la normativa reconoce esas atribuciones, su titular podrá ejercitarlas o no, según interese a los fines que persiga.
La reciente experiencia belga corrobora que eso es así y que un monarca constitucional puede perfectamente rehusar la sanción y promulgación de una ley aprobada por las cámaras legislativas (y, mucho más intranscendentemente, denegar la expedición de un decreto que le proponga a su firma el jefe del gobierno). Que ello, según sean el sistema constitucional y las tradiciones del país, pueda tal vez abrir una crisis política es una consideración que podrá pesar en la prudencia o falta de ella de quien tome una u otra decisión; pero nada más. No es un principio vinculante.
Además, la actual constitución española instaura un sistema bicameral en el cual la democraticidad del congreso es relativa (por el sistema electoral adoptado, cuyos efectos han sido la constante subrepresentación del electorado del partido comunista y de IU), pero sobre todo la del senado es exigua o casi nula, porque no representa verdaderamente al pueblo español. Es un senado híbrido, un poco cámara de representación territorial, un poco simplemente baluarte de lo más conservador y retrógrado de la sociedad española. Su papel es el de rémora, de fortaleza o reducto reaccionario para evitar que, aun en el supuesto de un triunfo electoral progresista y republicano en el congreso, eso pueda perjudicar a los privilegios de la oligarquía.
La constitución así establecida es una constitución blindada, en la cual se han establecido obstáculos infranqueables a la modificación del sistema monárquico (no ya su abolición sino hasta cualquier alteración incluso de detalle, p.ej. que no sea la Corona la que promulgue las leyes).
Pero es que además en nuestro país, a 21 años de la promulgación de la Constitución, sigue en vigor la ley de asociaciones franquista de 1964, totalmente inconstitucional en casi todo (sólo se han exceptuado los partidos políticos de su campo de aplicación, pero al ciudadano que desea formar una asociación no partidista se le sigue imponiendo la legislación franquista). Eso significa que la vigente legislación, violando incluso el mandato constitucional al respecto, sigue negando a los españoles la libertad de formar asociaciones. (Que luego, prudencial y discrecionalmente, el ministerio del interior consienta la inscripción de las asociaciones, eso no atenúa el problema, que es la ausencia de una ley de libertad de asociación más la vigencia de una ley anti-asociaciones.)
Es cierto que, junto con todo ello, la vigente constitución tiene puntos positivos, como un reconocimiento (aguado, a menudo vago y vaporoso) de derechos sociales; mas quita mordiente a ese reconocimiento al hacer de tales derechos meros principios rectores de la política social y económica y al rehusarles protección jurisdiccional estricta.
A fin de granjearse simpatías y complicidades, la oligarquía ha impulsado una política regional que --por la vía de unas transferencias un tanto anárquicas-- ha convertido la geografía española en un mapa de reinos de taifas. Así, en la práctica, está frecuentemente disminuyendo todavía más la ya menguada eficacia de la administración; se introducen el desbarajuste y el caos; se hinchan los clientelazgos locales, con séquitos abultadísimos de los líderes regionales, algunos de los cuales logran perpetuarse en el cargo; quiebra el principio de solidaridad entre los españoles.
La situación resultante de todas esas medidas (e.d. la quiebra de los principios de solidaridad y de no-arbitrariedad) viene agravada por las privatizaciones de los gobiernos del PSOE y del PP, y por el funcionamiento de cada vez más entidades públicas en régimen de empresa privada. Todo ello refuerza los mecanismos de irresponsabilidad, da coartadas y subterfugios para vulnerar los principios constitucionales de igualdad y mérito, elimina garantías para el ciudadano y favorece la corrupción.
Frente a esa situación, hay que reafirmar que el Partido Comunista es el adalid número uno de los principios de solidaridad, de eficacia e imparcialidad de la administración pública, de reforzamiento del sector público, de igualdad, de no-discriminación y de no-arbitrariedad. La adhesión a tales principios no sólo nos parece coherente con el hecho básico de que el partido comunista es un partido republicano, sino que, en buena medida, es una consecuencia de esa republicanidad. No puede renunciar el partido comunista a la lucha por el restablecimiento de la República, a la lucha por una constitución republicana muchísimo más avanzada, democrática y progresista que la actual; una constitución en la que se reconozcan --de veras y con todas las consecuencias-- los derechos sociales en su plenitud: el derecho de cada uno a trabajar --contribuyendo, según su capacidad, al bien común--; los derechos: a la vivienda, a la cultura, a la información veraz, a la alimentación, a la atención sanitaria, a la calidad de vida, a disfrutar de un medio ambiente sano, a vivir en paz, a que haya un sistema contributivo justo, a que los derechos de los propietarios no se ejerzan abusivamente sino que se supediten a la función social; el derecho a ser co-propietario de un importante patrimonio de propiedad pública; el derecho a buenos servicios sociales.
Qué iniciativas concretas quepa llevar a cabo en el futuro para avanzar hacia la consecución de tales objetivos es asunto harto complejo que no se puede determinar de antemano. Mas lo primero es tener claridad sobre esas tareas; luego habrá que plantearse qué pasos dar, en lo concreto, para acercar su realización y consecución.
Naturalmente no podemos entrar aquí, por razones obvias, en detalles acerca de cómo los señalados defectos estructurales del sistema político español vigente han propiciado que suban como la espuma las actividades de las mafias. Se ha hablado de la cultura del pelotazo, y han sido desenmascarados algunos de los principales mafiosos. Mas de nuevo eso seguramente es tan sólo la punta del iceberg. Muchos datos indican que está podrida de arriba abajo toda la tramoya del actual sistema financiero-político de la oligarquía, y quelos mandamases que han tenido que habérselas con la justicia son sólo unos pocos de los que se han lucrado medrando y que han pululado en las altas esferas.
La generalizada corrupción no es exclusiva de España. Ahí están los casos de corrupción del alto gobierno legislativo-ejecutivo de la administración pan-europea de Bruselas; ahí están tantos escándalos en Italia, en EE.UU, en Francia, etc. Pero si de grados se trata, es muy verosímil que lo nuestro supere a todo lo demás.
¿Qué ha hecho por España esa oligarquía? Nada. Ha ido al lucro fácil y rápido. El modelo de empresario de hoy (aunque de nuevo eso no es exclusivo de nuestro país) es el especulador que emigra raudo con sus dineros para comprar los títulos financieros más jugosos y fiscalmente discretos, que tiene enormes cuentas en Suiza, que se dedica principalmente a comprar empresas y revenderlas por mucho más gracias al agradecimiento de políticos cuyas carreras ha sabido lubrificar en el momento adecuado.
Así, tenemos una economía que es ciertamente un milagro, porque, con un nivel industrial muy bajo (ya no era particularmente brillante, pero lo dejaron escuálido las reconversiones y los ajustes impuestos para el ingreso de España en la Unión Europea), logramos, gracias al sector servicios, tener un nivel de vida mínimamente aceptable. Pero, claro, una economía basada en ese sector es sumamente vulnerable, frágil, precaria y endeble.
No hay país que pueda contar hoy sin una fuerte industria moderna, y nuestra industria es débil (aparte de estar casi íntegramente en manos de empresas transnacionales). La oligarquía española o ha fracasado en la tarea de convertir a España en un país industrialmente avanzado, o no se la ha propuesto. En cualquier caso estos 60 años de dominación oligárquica (1939-99) han acarreado que hoy sea mayor de lo que era a mediados de los años 30 el desfase industrial entre España y países altamente industrializados de Europa.
La oligarquía ha hecho y hace excelentes negocios por la vía de la especulación y por la hinchazón de un anárquico sector servicios (turismo principalmente) que, según se ha inflado, ha provocado unas consecuencias ecológicas calamitosas.
La ofensiva neoliberal que padecemos en todo el planeta viene aquí sazonada por esa cultura del pelotazo, de la especulación y del empresariado de pacotilla.
En ese marco se entienden perfectamente las duras políticas antisociales de los sucesivos gobiernos oligárquicos de turno: el pacto de Toledo para recortar las pensiones, el abaratamiento y la liberalización del despido, la precarización del empleo, la pérdida de derechos sociales, un salario mínimo prácticamente de hambre, que es menos de la mitad del de otros países de la Unión europea con niveles de precios similares.
Sabemos que, en el marco del actual sistema político, cualquier gobierno que venga será un gobierno oligárquico. Ni aun la mejor democracia burguesa puede traer nunca un gobierno al servicio del pueblo; menos una democracia tan relativa, recortada, mediatizada y en buena medida espúrea como lo es la española actual.
Pero también sabemos por experiencia histórica que las demandas persistentes de los de abajo, apoyadas por la movilización social, pueden forzar a los de arriba a hacer concesiones, y que de esa política de concesiones se beneficia en definitiva la sociedad en su conjunto, porque son provechosas para el bien común.
Luchamos por una economía de industrialización que no se base única ni preferentemente en el sector servicios (lo que Julio Anguita llamó hace unos años el `Pacto por la industria'); por la estabilidad laboral; por el pleno empleo; por salarios altos; por una vida digna para los trabajadores.
Esa lucha, en la medida en que fuerce a las clases dominantes a hacer concesiones, será en primer lugar beneficiosa para los que sufren del actual sistema económico y político, pero también sería provechosa para España, para la sociedad española en su conjunto.
§7.-- Retomar las tradiciones de lucha del partido comunista
Incluso en tiempos más recientes, a la vez que --ante las carencias de los comunistas-- hay un resurgir de otras ideologías del movimiento obrero, como el anarcosindicalismo, que naturalmente (y están en lo suyo) defienden a capa y espada a sus adalides en aquella guerra, la abjuración y el desarme moral que han sufrido los comunistas --muchas veces que suicidamente se han infligido a sí mismos-- provoca que queden sin defensa histórica justamente los que más contribuyeron a hacer de la lucha heroica del pueblo español contra el fascismo algo grandioso, algo con fuerza y capacidad de resistir, como efectivamente resistió tres años, pese al acoso a que lo sometieron todas las potencias capitalistas.
La falsificación de la historia ha llegado a magnificar episodios aislados como la desaparición de Andrés Nin o los sucesos de Barcelona de la primavera de 1937, al paso que se ocultan o se desprecian facetas como la formación del Quinto Regimiento y luego del ejército popular, el arduo trabajo de la Junta de Defensa de Madrid, y la admirable labor del PCE a favor del orden republicano y de la legalidad, para atajar desmanes que sólo favorecían al enemigo fascista (una labor que suscitó el entusiasta apoyo de muchas ilustres personalidades, como Antonio Machado y Ángel Ossorio y Gallardo).
Respetando a las demás sensibilidades en el movimiento anticapitalista (particularmente a los comunistas libertarios, con los cuales compartimos el ideal de una sociedad sin desigualdad social), hemos de reivindicar la labor de nuestro propio partido en ese trance.
Es necesario que se escriba con objetividad, con buena y amplia documentación, una historia de la guerra de España desde el punto de vista de la política que defendió y quiso aplicar el PCE. Asimismo hace falta que se emprenda la labor de una más amplia historia del PCE desde su fundación en 1920.
Como tarea urgente, habría que reeditar colecciones de artículos y discursos de José Díaz Ramos y de Dolores Ibárruri. Esos escritos forman parte del patrimonio doctrinal e histórico del PCE y del pueblo español en su conjunto.
Habría que publicar libros, CD-Roms, CDs con carteles, relatos, narraciones, poesías de nuestra guerra antifascista. Retomar la memoria histórica de aquella heroica lucha del pueblo español en la que los comunistas jugaron una papel destacadísimo del cual pueden sentirse orgullosos.
En España sigue viva la memoria histórica de la lucha antifascista, pero a veces, por nuestras carencias, son otros --incluso personas que de hecho están al servicio de la oligarquía-- quienes la utilizan. Esa memoria es patrimonio colectivo del pueblo español, y los comunistas no podemos ni debemos acapararla ni proclamarla exclusivamente nuestra. Mas sí podemos y debemos recalcar el papel que nos corresponde en esa empresa común del pueblo español.
Igualmente es menester mantener viva la memoria de la vida del pueblo español bajo la sanguinaria tiranía fascista de Franco. Frente a la amnesia que nos quieren imponer los círculos de la oligarquía en el poder, hemos de incentivar a que se escriba sobre aquel período de hierro y plomo, a que se rememoren los sufrimientos de nuestro pueblo, a que se narre todo aquello con objetividad, con veracidad, con atención al matiz, sin exagerar, sin caer en lo unilateral o sesgado; que se recuerde quién luchó y quién no luchó. No por mor de ninguna caza de brujas, no en aras de ajustarle cuentas a nadie, sino simplemente porque la verdad esun valor en sí; y, además de ser un valor en sí, la verdad es revolucionaria. Nada da tantas armas morales para luchar contra la burguesía en el poder como un amplio conocimiento de la verdad histórica.
Y finalmente hemos de volver a proclamar nuestra vinculación con la ideología marxista-leninista. Los principios metodológicos de racionalidad y de empirismo que abrazamos nos impiden tomar ese vínculo como una profesión de fe. No queremos ningún credo, y abominamos de lo que signifique imponer a los militantes una obligación de tener estos o aquellos pensamientos, estas o aquellas opiniones o creencias. También rechazamos absolutamente cualquier intento de codificar esa ideología a la que pensamos que ha de estar vinculado el PCE.
Y es que la teoría revolucionaria del marxismo-leninismo, igual que cualquier otra, ha tenido nacimiento histórico y será reemplazada en el futuro por otras teorías. Iría en contra de sus mismos principios dialécticos afirmar lo opuesto. También iría en contra de sus principios dialécticos pensar que tal ideología pueda codificarse en un cúmulo de fórmulas satisfactorias, en un conjunto cerrado de tesis que sean verdades absolutas.
A lo más que puede aspirar una teoría es a una verdad relativa y parcial, y a una vigencia provisional. Y así no podemos quedarnos tan adheridos a una teoría que se nos escape la evolución ulterior de las evidencias, de los datos empíricos, de los argumentos, que haga aconsejable rectificar la teoría y hasta cambiarla.
A salvo de todo eso, lo que sí es cierto es que hay doctrinas y teorías que forman parte del patrimonio cultural de determinadas tradiciones, y que constituyen así un acervo de ideas, de planteamientos, de enfoques, de tematizaciones al que legítimamente se retorna, dentro de esa tradición, una y otra vez. No forzosamente con una visión dogmática, en busca de fuentes que den un sello de autoridad originaria a lo que uno trata de proponer, mas sí como manantial de ideas, de reflexiones, de modos de abordar los problemas, como tesoro de ejemplos y precedentes.
Si es perfectamente lícito que otras tradiciones tengan sus propias fuentes y conserven sus respectivos legados doctrinales --y ojalá que lo hagan sin fundamentalismo, sin integrismo, con espíritu de adaptación y de apertura--, es igualmente válido y correcto que los comunistas mantengamos nuestro vínculo con nuestra propia tradición ideológica, el marxismo-leninismo. Un vínculo entendido con cuanta flexibilidad y libertad se quiera, un vínculo laxo (como es apropiado, justamente, al propio tenor dialéctico de la teoría marxista-leninista), un vínculo que deja intacta la libertad de pensamiento de cada militante, un vínculo que deja como cuestión abierta, indefinidamente replanteable, la de qué tesis concretas de lo que hayan dicho nuestros clásicos conservan validez en cada período y cuáles no; un vínculo que no pretende dar ningún carpetazo, que no ha de cerrar ningún interrogante. Pero vínculo, sí.
Es necesario que nuestros militantes hayan leído --y a veces que vuelvan a leer-- las magníficas obras de nuestros clásicos, en las que hallarán siempre muchísimo de bueno y valioso. El pensamiento marxista-leninista es un bien cultural de la humanidad, como lo son muchos otros pensamientos, muchas obras doctrinales, muchas escuelas, que merecidamente siguen estudiándose siglos después. Pero el marxismo-leninismo es especial y prioritariamente un patrimonio cultural de los comunistas cuyo conocimiento hemos de fomentar y reactualizar.
Muchas ideas fructíferas, muchas sugerencias vienen con la lectura de Aristóteles o de Platón. La lectura de textos de Marx, de Engels y de Lenin creemos que puede aportar hoy a los comunistas muchísimas reflexiones útiles, darles un bagaje que les permita afrontar mejor las tareas políticas. Eso sí, tal lectura ha de ser libre, porque en nuestro partido han de estar libremente todos cuantos quieran trabajar por una sociedad comunista, cualesquiera que sean sus puntos de vista ideológicos.
Esa demanda ha de traducirse en una Ley de exigibilidad de los derechos sociales que determine con claridad vías de recurso jurisdiccional cuando un habitante de España o un inmigrante se encuentra con obstáculos para ver satisfecho uno de sus derechos sociales básicos.
Hemos de luchar por una nueva organización de las naciones del mundo que dé pasos hacia la unión e integración de toda la humanidad en una gran familia hermanada y bien avenida.
Lo principal es recuperar la presencia social de las ideas comunistas, dinamizando nuestra labor. Las agrupaciones han de tener reuniones frecuentes pero con contenido. Han de debatirse temas políticos, no sólo los que más de cerca las afecten sino temas generales. Sin un fuerte debate que dinamice a los militantes, sin empaparse de posicionamientos político-ideológicos, sin ese rearme moral al que ya hemos aludido, cualesquiera consejos u órdenes de revitalización quedarán en agua de borrajas o en papel mojado.
Los comunistas han de intensificar su labor en los sindicatos, defendiendo un sindicalismo de clase reivindicativo pero sin caer en ningún aventurerismo. En la fase actual es menester combinar esa labor con el desenmascaramiento de los líderes de los sindicatos mayoritarios, los cuales están siguiendo una línea de capitulación sistemática ante la patronal --firmando la paz social con el gobierno y los empresarios en condiciones brutalmente desventajosas para los trabajadores, que suponen dolorosísimos retrocesos sociales (pacto de Toledo, abaratamiento del despido, estatuto de la función pública de tendencia privatizadora, imposición de contratos a tiempo parcial, y sordina a la lucha por un salario mínimo decente).
Los comunistas han de tener también presencia en los movimientos sociales de diversa índole. Esa presencia constituye uno de nuestros grandes retos y requiere que hagamos un plan de acción detallado y sistemático, con participación de todos en el debate.
El partido no puede confiar, para alcanzar presencia social, en los medios de comunicación oligárquicos. Los comunistas tienen que tener sus propios medios de expresión comunistas, utilizando los recursos disponibles. Es lamentable que no hayamos dedicado más esfuerzos a la constitución de emisoras progresistas de radio, siendo como es el medio de comunicación que más llega y que llega a más gente del pueblo (del pueblo pueblo).
También habría que replantearse si, para la adscripción de los militantes a las respectivas agrupaciones, no se utiliza excesivamente, y de manera unilateral, el criterio de pertenencia territorial. En la práctica a menudo no siempre funcionan bien esas agrupaciones territoriales. Habría que fomentar la labor de agrupaciones de sector y tal vez refundir las áreas con agrupaciones de actividad social (la adscripción de un militante a una agrupación de actividad social puede no coincidir con su línea laboral).
Para evitar que ese mayor impulso de agrupaciones de sector o de área acarree una desatención a las agrupaciones territoriales, podría incentivarse (sin imponerse, desde luego) la doble adscripción a agrupaciones de uno y otro tipo (si bien, evidentemente, sólo habría una única adscripción de cada militante a efectos de representación congresual, en virtud del principio `un individuo, un voto'.)
No hemos de tener complejos en criticar --sin faltar-- a otros sectores de IU, como los eco-socialistas del espacio alternativo (a la vez que intensificamos la faceta ecologista de nuestra propuesta), los socialdemócratas del PASOC etc. Tenemos miedo a la crítica, al debate franco, y nos parece equivocadamente que criticar es atacar, que quienes están aliados no pueden criticarse. Pero eso es falso, y además ellos sí critican la ideología y la tradición comunistas.
Hemos de propiciar una vida de las agrupaciones más ideológicamente rica, con más debates, más actos en los que se brinden posibilidades de discutir con nosotros a la gente que nos conoce poco, o mal, o que a menudo no nos conoce.
Ha de haber más vínculos horizontales entre las agrupaciones, más relación, más intercambio de ideas, planes, experiencias. Más convivencias (como ahora se dice). Más documentos sencillos, breves, que transmitan entusiasmo, militantismo, confianza en nuestra justa causa; una denuncia más fuerte y decidida de los males del sistema capitalista y de las maldades de la oligarquía en el poder.
No hay que tener miedo a que nos tachen de ingenuos, inocentes o utópicos. Sólo con el entusiasmo de aquellos a quienes se reprocha ingenuidad o utopismo se labran las transformamaciones sociales. (Eso sí, a la vez que entusiastas hemos siempre de ser racionales y empíricos, y tener siempre los pies sobre el suelo evitando las ilusiones quiméricas o tomar deseos por realidades.)
No corresponde a un documento de esta naturaleza el trazar ningún plan detallado de cómo se puede aplicar todo eso. Es tarea que han de asumir los dirigentes del PCM. Mas de una cosa estamos seguros: sin un espíritu de denuncia consecuente del sistema y de la clase dominante, sin un espíritu de claridad sobre la democracia burguesa en general y sobre la monarquía española en particular, sin una revitalización de la tradición del partido comunista de España, sin un reencuentro con su ideología y sus grandes figuras históricas, sin una convicción firme en que nuestra causa es justa y nuestra meta una sociedad comunista sin ricos ni pobres, sin todo eso es inútil hablar de dar fuerza a la organización del partido comunista en Madrid.
Madrid, 23 de julio de 1999
Plataforma de opinión «Por un partido verdaderamente comunista»