DECLARACIÓN DE SEIS PROFESORES DE DERECHO INTERNACIONAL EN SERBIA

Los ataques aéreos contra Yugoslavia, que se iniciaron el 24 de marzo de 1999, representan una grave violación de una de las reglas fundamentales del derecho internacional contemporáneo contenida en el art. 2º, pár. 4º de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe no sólo el uso de la fuerza armada, sino también la amenaza de su uso.

Las acciones militares de la OTAN constituyen un acto de agresión, a tenor de la definición de agresión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el acuerdo de todos los Estados miembros, incluidos los que hoy dirigen la fuerza militar contra Yugoslavia.

Desgraciadamente, diecinueve Estados miembros de la OTAN, incluidos tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene el deber primordial de la protección de la paz y la seguridad internacionales, han tomado parte en esta ilegalidad.

Ya en el juicio de Nuremberg (1946) el Tribunal Militar Internacional estipuló que la agresión representa un crimen contra la paz, que comporta la responsabilidad penal individual de los ejecutores de tal acto. La «intervención humanitaria» no puede de ninguna manera ser una excusa para la agresión y tampoco las circunstancias imperantes en Yugoslavia, incluida la situación en Kosovo en el momento del desencadenamiento de los ataques, pueden invocarse para exonerar la vulneración del derecho cometida.

Con tal acto, el orden jurídico internacional, que se ha mantenido durante medio siglo a pesar de todas las dificultades, se ve afectado en sus propios cimientos. Si un Estado cualquiera, sobre todo si es grande y poderoso, se toma la «justicia por su mano», el futuro se promete incierto y preñado de riesgos.

Los profesores de derecho internacional que firman este llamamiento protestan enérgicamente contra este acto de agresión y piden a los gobiernos de los Estados implicados en esta guerra que detengan inmediatamente los ataques, a la vez que solicitan a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que hagan valer su influencia en esa dirección. Esperamos y creemos que la responsabilidad de todos los que han participado en esta tragedia podrá ser establecida con prontitud.

Ningún problema político puede arreglarse con el empleo de la fuerza armada y menos aún un problema humanitario. El aislamiento político internacional de Yugoslavia no puede invocarse como pretexto para una violación tan grave del derecho internacional. Ni Yugoslavia en su conjunto ni sus ciudadanos pueden ser colocados de esta manera al margen de la ley.

Belgrado, 27 de marzo 1999

Distribuido por el Prof. Rafael Pla

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