Si una fuerza política, caracterizada por una trayectoria, y marcada por el reciente ejercicio del poder político durante varios lustros consecutivos, firmara con otra un pacto político comprometiéndose a abogar en el futuro por una política radicalmente diversa de la que hubiera venido aplicando y recomendando, habría motivos para ser escépticos y para sospechar que el pacto fuera engañoso.
No pasa así con el reciente pacto titulado «Acuerdo PSOE-IU» firmado en Madrid el 2 de febrero de 2000. Es un pacto creíble y que, a falta de otras, tiene una gran virtud: es coherente con toda la política que hasta ahora, y durante los últimos decenios, ha desarrollado y aplicado el primero y principal de los dos firmantes (el PSOE), con su combinación consuetudinaria de huera palabrería, eslóganes pomposos pero vacíos de contenido concreto, y medidas reaccionarias y prooligárquicas apenas disfrazadas con un sí es no de barniz o, más bien, de pudorosa formulación insinuativa o con medias palabras.
Lo que puede así divisar cualquier lector avisado es que el pacto prefigura una prolongación de la política de la monarquía borbónica proseguida, sin interrupción, por los gobiernos reaccionarios de UCD, PSOE y PP, espolvoreada y un poquitín sazonada con una discretísima medida de palabrería progresista, que --para no asustar a la oligarquía-- no pasa de unas cuantas frases vagas y que no comprometen a nada.
El pacto promete una política que `asegure el progreso y el bienestar para todos' y que aporte `medidas que [...] fortalezcan y desarrollen [nuestra democracia]', o sea la pseudo-democracia oligárquica que, en realidad, no es sino el poder, con disfraz parlamentario, de la alta burguesía financiera y terrateniente, cuyo sistema de dominio en el Estado monárquico tapona cualquier posibilidad de una eventual voluntad mayoritaria que reclamara una modificación de las estructuras sociales vigentes. ¿Es factible, en ese marco, el prometido `bienestar para todos'?
Séalo o no, el programa diseñado en el Acuerdo no ofrece ningún paso real en esa dirección, sino que, en lo concreto, es reaccionario y antipopular; y, en aquello en lo que suena bien, es abstracto y vago.
Hubiera sido de agradecer que el texto aquí comentado se limitara a una enumeración de propuestas o de ofertas electorales, sin acompañar ninguna disquisición teórica sobre la realidad. Así, podría el lector limitarse a considerar las propuestas u ofertas en sí mismas, sin pensar demasiado en la credibilidad de quien las haga. Pero viene precedido el texto digamos normativo por un preámbulo en el que se expone una teoría acerca de la realidad socio-política española de hoy; y, al ser el primer firmante del acuerdo uno de los principales agentes políticos en nuestra historia reciente, involucrado a fondo en la responsabilidad de lo que sucede en este momento y que no emana tan sólo de las innovaciones (escasísimas) del gobierno del Sr. Aznar (de 1996 para acá), es imposible examinar la verdad o falsedad de los asertos de ese preámbulo sin plantearse cuáles son las causas de los males que se señalan y si la culpa de ellos recae toda (o incluso principalmente) en las medidas del gobierno de Aznar; o si, por el contrario, son resultado de toda la política de la oligarquía financiera y terrateniente en el poder desde 1939 para acá, incluyendo la política prooligárquica de los gobiernos del PSOE en el período 1982-1996 (4 legislaturas).
El preámbulo del Acuerdo soslaya esa cuestión que salta a la vista y que se le ocurrirá a cualquier lector mínimamente crítico. Debería, por consiguiente, al menos intentar probar que todos esos males son consecuencia únicamente de las innovaciones del gobierno del PP, y que ninguna de las dos fuerzas signatarias del Acuerdo ha apoyado tales innovaciones.
Lamentablemente la verdad es justamente lo opuesto, y lo saben, si no todos, sí muchísimos.
Así leemos en el citado preámbulo:
En vez de avanzar hacia los niveles de protección social de los países europeos, se han tomado iniciativas para debilitar el sistema de protección y bienestar social que se había conquistado mediante el esfuerzo de generaciones de españoles. Se ha multiplicado, hasta extremos desoladores, la precariedad laboral y la dificultad para el empleo de mujeres y jóvenes. El propósito de desmantelar el Estado se ha traducido en un impulso a la privatización de la educación, la sanidad, los servicios sociales, los servicios públicos de primera necesidad, las empresas públicas. Éste no es el camino para la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Hay tantos disparates, tantas falsedades, tantos desatinos en todo eso, y es tal el despropósito de atribuir lo reprochado a la sola acción gubernativa del PP en el período 1996-2000, que le entra a uno la desazón, al enfrentarse a tan peregrina sarta de afirmaciones, de no saber por cuál de las falacias empezar. Pero ¡ea!
En primer lugar, los autores del Acuerdo creen o quieren creer (no nos dicen si lo uno o lo otro) que en «los países europeos» hay encomiables niveles de protección social. Por `países europeos' habrá que entender aquí países miembros de la Unión Europea (suponemos). No se dice (y se oculta) que, desde el derrocamiento del régimen soviético, hay una tremenda y brutal regresión social en todos esos países, proseguida igual tanto donde y cuando están en el gobierno los «socialistas» o socialdemócratas como donde y cuando están en él los «populares» o similares. Se han venido aplicando implacablemente, y cada vez más, en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Austria, etc. el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, las privatizaciones y desregulaciones, la precariedad laboral, las medidas de reforzamiento de la patronal y de acorralamiento al obrero. Claro que partían de unos niveles de protección social mucho mayores que el de España, pero la trayectoria es exactamente la misma, sin que se perciba disparidad regular y sistemática, objetivamente comprobable, entre la línea seguida por los gobiernos «socialistas» y la de gobiernos «populares».
En segundo lugar la referencia al «sistema de protección y bienestar social que se había conquistado mediante el esfuerzo de generaciones de españoles» encierra otra falacia, y de no poca monta. ¿De qué quieren hablar concretamente? En España, en nuestra historia reciente, en las últimas «generaciones de españoles» (¿cuántas?), ha habido una II República (1931-39) que sí quiso traer un sistema (moderado) de protección social; destruida la República Española por el fascismo, con la ayuda de EE.UU., Inglaterra y Francia, el régimen totalitario de Franco impuso la destrucción inicial de todo ese sistema; pero luego, tras la derrota de Hitler, y ante su desprestigio y las luchas obreras y populares, se vio obligado a reintroducir y aun a ampliar un sistema de protección social, aunque siempre recortadísimo e incluso canijo. Ahora bien, la oligarquía en el poder --que lo ejercía con Franco y lo ha seguido ejerciendo, tras su muerte, con la monarquía-- consiguió, en la Transición (pactos de la Moncloa), a cambio de otorgar algunas libertades recortadas, que los representantes populares tragaran con una rebaja del sistema de protección social; y ese sistema ha seguido siendo corroído, erosionado, desmantelado con saña por los sucesivos gobiernos de UCD, PSOE, PP, sin apenas modificaciones significativas, salvo la de proseguir en la misma línea, yendo cada vez más lejos en la implantación de un capitalismo salvaje inspirado en la ley de la jungla.
Así, el documento comentado lamenta la precariedad laboral a la que se ha llegado (y `la dificultad para el empleo de mujeres y jóvenes', referencia sin duda de sesgo electoral y cuya pertinencia cabe, como mínimo, poner en duda --como si un desempleado hubiera de inspirar más o menos compasión según su sexo o la franja de edad y no según el cúmulo de sus circunstancias personales y de las repercusiones familiares). Pero esa lamentación desconoce que:
1º) tal precariedad es producto de toda la política laboral y económica de los últimos decenios, incluida toda la política de los gobiernos del PSOE (reconversiones, privatizaciones, entrada en el Mercado Común, desmantelamiento de nuestra industria nacional, anulación de los derechos adquiridos de los trabajadores, facilitación de los despidos, reforma laboral,...);
2º) las medidas de precarización laboral proseguidas por el PP (en la misma línea de los anteriores gobiernos del PSOE, pero adentrándose aún más) han sido respaldadas por el propio PSOE, que las ha votado, favorablemente, en ambas cámaras de las Cortes.
También es curioso que, en el texto citado, el documento se queje de la privatización de la educación, la sanidad, los servicios sociales, las empresas públicas; como si no hubiera sido ésa la misma política seguida por el PSOE durante las cuatro legislaturas en que empuñó el timón gubernamental.
El elector desearía saber si la no-privatización que presuntamente aplicaría un nuevo gobierno del PSOE diferiría de la privatización que aplicó ese mismo PSOE durante 14 años, y que es la misma que la que sigue aplicando el PP.
Igualmente, cuando el documento comentado afirma que el `crecimiento de la economía ha generado importantes beneficios económicos para una minoría que siempre aparece vinculada al partido en el poder', hemos de matizar. Esa euforia sobre el «crecimiento de la economía» capitalista a que se entrega el documento hace eco a las proclamas del propio PP, pero en rigor ha de someterse a fuerte crítica. El sistema soviético, incluso en su período menos exaltante, el del llamado estancamiento, mantuvo tasas anuales de crecimiento económico sostenido mayores que las más elevadas del crecimiento relativo de la economía capitalista euro-occidental de estos últimos años, tras años de recesión. ¡Ése es el logro del capitalismo (para no hablar ya del desastre del Tercer Mundo)!
Pero, dejando de lado que esos colores de rosa del crecimiento económico «en sí» no los ve uno por ninguna parte y suenan a música celestial, el hecho es que, desde luego, los grandes beneficiarios de la economía capitalista constituyen «una minoría que siempre aparece vinculada al partido en el poder». Con una puntualización importantísima, sin embargo: al partido que esté, en cada momento, en el poder, sea éste «de izquierda» o no. Esa minoría de oligarcas y pachás financieros, de argentarios y hombres de palacio, muchas veces en colusión semi-oculta con el «milieu», son los mismos que han teledirigido a UCD, al PSOE y al PP, y que han favorecido, en cada fase, al partido oligárquico que más les convenía como obediente instrumento de su supremacía política.
Así, es la camarilla borbónica, principalmente la clique de grandes empresarios de los medios de comunicación, la que ha hecho y deshecho los gobiernos a su antojo, y la que ha puesto y quitado a los Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar, según la mayor conveniencia del momento para sus intereses. Sus dictados, adecuadamente repercutidos en la campaña de desinformación idónea, han producido siempre el resultado deseado; y así seguirá siendo en el marco de esta pseudo-democracia de teatro.
Es más: el documento aquí comentado, ya en su cuarto párrafo, se desenmascara al ensalzar «la modernización [bajo el gobierno del PP] de nuestras estructuras económicas» aunque lamentando que se haya «aprovechado para crear un entramado económico y financiero al servicio de los intereses políticos más conservadores». La modernización ensalzada no puede ser otra cosa que las continuadas privatizaciones, las fusiones de empresas para constituir y afianzar grandes oligopolios, generalmente supeditados al capital foráneo. Eso es bueno. Lo malo es que no se haya dado más tajada a los intereses políticos «menos conservadores».
Merecerían comentario muchas otras perlas del preámbulo. P.ej., la que achaca a la política gubernativa del PP `suficientes signos de autoritarismo y prepotencia tan propios de la tradición de la derecha en nuestro país'. Hablando de eso, nos gustaría saber quiénes de entre los dirigentes de los diversos partidos burgueses fueron jefes de escuadra de las Falanges Juveniles de Franco. Y, si es tema tabú (que ya sabemos que lo es, pues vulneraría «la intimidad» legítima de los interesados en que no se hurgue en el pasado), entonces es poco razonable entrar en la lid electoral con ese tipo de referencias; como si no hubiera sido una continuación pura y dura de las más puras esencias de la derecha española la política del PSOE (1982-1996) con su Ley de Seguridad ciudadana (o de patada en la puerta), con las campañas «antiterroristas», con la Ley de Extranjería, con el endurecimiento de la ley de concesión del refugio y el asilo, con el Código Penal de 1995, etc.
También lamenta el texto el deterioro de la situación de la Justicia, el abuso de los medios de información públicos «en beneficio propio» (¿de quién?), y que el Parlamento haya perdido importancia y significación para el debate público. Todo eso de nuevo le da a uno una carraspera enorme. ¿De veras, señores? ¿De veras lo sienten tanto? ¿No se ven retratados? Ya para no hablar de lo demás ¿qué pérdida lamentan ustedes del papel del Parlamento cuando bajo los gobiernos del PSOE se lo redujo a la mínima expresión? En ese cuatuordecenio se legisló mediante Decreto-ley a base de bien: decenas y decenas de Decretos-leyes que, cual hechos consumados, imponíanse, ya promulgados por el Trono, para la aprobación, a posteriori, meramente confirmatoria, de las Cortes, sin haber pasado por ninguna fase del debate parlamentario (ni proposición ni propuesta de ley), incluso en materias en las que se estaba con ello transgrediendo claramente lo preceptuado por la Constitución.
Pero, aunque el Preámbulo sigue y sigue, a lo largo de ampulosos párrafos llenos de palabrería, con montones de exultaciones como la seguridad de devolver «la confianza, la ilusión y la esperanza a los millones de ciudadanos y ciudadanas que saben y se sienten progresistas y de izquierda» (sin intentar jamás dar la menor definición de qué sea «progresista» ni qué sea «izquierda»), y muchas otras exclamaciones de parecido tenor, hemos de cerrar aquí esta parte de nuestro comentario, pasando al núcleo del Acuerdo: «Acuerdo sobre Programa de Gobierno».
Aunque esta parte digamos normativa o dispositiva empieza curiosamente por la Educación (como si la gran novedad o el eje central de actuación fuera, o se propusiera que fuese, la política educativa --tal vez es lo que se quiere hacer creer al lector), el núcleo lo constituye la rúbrica «Política Exterior y de Seguridad»:
-- «Participación activa en la construcción de la Europa económica, social y política».
O sea, en la Europa de los monopolios, de los grandes traficantes; en la construcción del megaestado que constituye la nueva superpotencia imperialista capitalista, capaz de hablar de tú a tú con su socios, los imperialistas yanquis y japoneses.
-- «Mantenimiento de los compromisos internacionales en materia de seguridad y de defensa».
O sea: la NATO (OTAN). Y, lo que es más: la nueva NATO. La NATO, alianza imperialista, fue siempre un instrumento para afianzar la dominación mundial del capitalismo atlántico bajo hegemonía yanqui. Pero, tras el derrocamiento final del régimen soviético (1991), es un instrumento principalmente para sojuzgar y domeñar al Tercer Mundo y a los estados disidentes, que por cualquier razón no se someten al dictado de los EE.UU. y sus aliados y cómplices. Qué es ahora la NATO --esa NATO a la que púdicamente alude el Acuerdo, sin atreverse a nombrarla (lo cual añade perfidia a la perversidad del propósito)-- lo revela y corrobora la reciente guerra bárbara y criminal contra el pueblo yugoslavo que heroicamente se ha defendido (en la débil medida de sus escasas posibilidades) contra un agresor sin piedad, con medios y armas infinitamente superiores utilizados a sangre fría para masacrar desde el aire a poblaciones indefensas.
-- «Una política exterior comprometida con la paz, la defensa de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo»
O sea: la «paz» del imperialismo yanqui y sus cómplices, la pax americana que, en nombre de los derechos humanos, arbitrariamente entendidos según la conveniencia de los ricachones que mandan en Washington, interviene por doquier para imponer, a sangre y fuego, regímenes fantoches obedientes al imperialismo occidental.
Junto con esos objetivos, no tienen desperdicio los que forman el capítulo de la Política económica, en la cual, aparte de la promesa de «rebaja de las tarifas telefónicas y eléctricas» (parece que no les dio tiempo a hacerlo en 1982-1996, o entonces era prematuro, aunque tampoco se dice si la rebaja será del 0,1%) y de preconizar una «política económica que eleve nuestro potencial de crecimiento, promueva el empleo estable» [no se dice cómo], «dé prioridad a la inversión» [o sea: a los inversores], etc, se desliza discretamente:
-- «Mantenimiento de los compromisos en materia presupuestaria en el marco de la Unión Económica y Monetaria».
¿Quién es esa «Unión Económica y Monetaria» mayusculizada? La Unión Europea, claro, a la que pudorosamente no se nombra. Todos saben de qué se habla, así que sobra el nombre. ¡Vamos! Mantenimiento de la política del gobierno del Sr. Aznar, el «pacto de estabilidad» que ha impuesto la eurocracia y que imposibilita cualquier política económica y social que se aparte, salvo en zarandajas o asuntos de mero detalle, de la seguida por el actual gobierno (y ya por el anterior de D. Felipe González Márquez).
¿Algo frente a las privatizaciones? Sí: helo aquí:
-- «Análisis de las consecuencias de los procesos de privatización de empresas públicas y diseño del futuro Sector Público empresarial».
Han leído ustedes bien: dos fuerzas políticas en su programa de gobierno proponen, entre otras cosas, un análisis. Sobre empresa pública y privatización ésa es la propuesta: analizar. O sea: dejar las cosas como están (aparte de esa sibilina añadidura o coletilla de un «diseño» de futuro Sector Público empresarial, cuyo sentido entra en el reino de la conjetura).
Complétase en esto el programa (aparte de montones de frases hueras, que se quieren pomposas, de semi-promesas vagas, como «lucha contra la precariedad del empleo» y otras vacuas generalidades de parecido jaez) con un punto central: `Mantenimiento de la carga fiscal y de los tipos del IRPF, eliminando los elementos regresivos introducidos en la reciente reforma', lo cual revela el propósito de mantener inalterado ese injusto sistema fiscal que castiga a los de abajo en beneficio de los de arriba, pero, encima, lo quiere camuflar o disfrazar con esa coletilla del final que nada dice; el conjunto de la frase promete el mantenimiento de la legislación vigente sobre el IRPF, con algún retoque que no se precisa y que, de todos modos, no incrementa los tipos fiscales que gravan las rentas altas.
¿Y qué pensar del plan de revisar los gastos fiscales para `suprimir los más regresivos'? ¿Cuáles son? ¿Cuán más regresivos que los que no se suprimirán? ¿Qué es, en ese contexto, lo de regresivo?
La verdad es que no vale tampoco la pena desmenuzar un programa que es un enésimo refrito de semi-promesas manidas, lugares comunes aguados y reducidos a frases altisonantes y otras monsergas.
El programa se propone transferir más competencias a las Comunidades autónomas y municipalizar en gran parte las «áreas de empleo, vivienda, educación, servicios sociales, y atención a la salud», con una política de financiación que reserve crecientes porcentajes del gasto público a las administraciones regionales y locales. Luego se promete que se respetará el principio de solidaridad entre los españoles y el de cohesión social inter-territorial. Lo que no se puede no se puede. Con esa creciente regionalización y municipalización, los territorios regionales y municipales más ricos y con más recursos y con más ingresos fiscales darán unos servicios a la población respectiva que ni por asomo podrán dar las administraciones del resto del territorio español. Eso es obvio. Cuanta más parte del gasto público sea de gestión local y regional, más desigualdades habrá entre los españoles de lugares o zonas más favorecidos o mejor situados económicamente y los de otros lugares y otras zonas.
Pero, junto a eso, y en lugar de proponer la supresión del senado (esa cámara retardataria de intereses territoriales mezquinos y particularismos retrógrados, ese instrumento de anulación de la voluntad popular mayoritaria, esa silenciadora de aspiraciones populares y de anhelos progresistas), el programa quiere darle aún más poder, exaltarlo al rango de plena Cámara de representación territorial y foro específico para el reparto del botín de la «financiación autonómica», o sea lonja de distribución de los dineros entre las diferentes satrapías.
El programa diseña una España donde se refuerce así la fragmentación en reinos de taifas, donde campen por sus respetos los cacicazgos regionales y locales, donde salgan ganando todavía más las oligarquías del terruño y del campanario.
Y, en ese plan de fragmentación y de afianzamiento de los feudos, no falta el proyecto de incrementar todavía más la autonomía de cada Universidad, o sea de exacerbar la perniciosa endogamia que ha venido haciendo estragos en nuestra Universidad desde la LRU (Ley de Reforma Universitaria) de 1983.
¿Qué no dice el pacto? ¿De qué no habla? Porque los silencios también son elocuentes.
Y, si algo dice de subida del salario mínimo, es «en la perspectiva» (tal vez para el año 3000) de llegar a lo impuesto como mínimo en la Carta Social europea, o sea el 68% del salario medio «en términos reales» (una expresión de doble filo); entre tanto, «Aumento Gradual» (con mayúsculas en el original), o sea un aumentillo simbólico de la miseria actual o algo muy próximo a ella. (En Francia, con un coste de la vida similar al de España, los sindicatos reclaman el salario mínimo interprofesional de 200.000 Pts. Fuerzas dizque «de izquierda» habrían al menos de reclamar la equiparación de nuestro salario mínimo con el salario mínimo medio de la Unión Europea; eso como poco.)
¿Nada positivo en el acuerdo? Sí, tal o cual migajuela, como un compromiso de incluir (suponemos que en su día) la atención buco-dental en el sistema nacional de la salud (pero ya lo ha rebajado el Sr. Almunia, autorizado intérprete si los hay, diciendo que será para los nenes) y «un parque de viviendas de alquiler asequible» especialmente para los jóvenes (otra discriminación más de tono electoralista), promesa abstracta y vaga, a la que no acompaña ningún esbozo de medida al respecto ni siquiera a grandes rasgos.
En suma, a la hora de hallar lo positivo (y si bien es de agradecer que al menos se hayan puesto esas tres o cuatro cosillas que siempre le gusta a uno ver, aunque sospeche que se dicen para hacer como que se promete algo), el resultado es un amasijo de compromisos reales con la continuidad respecto de la política actual en todo lo sustancial y de declamaciones que suenen parecidas a las viejas frases de los partidos que un día fueron obreros, pero que dejaron de serlo. Porque la vida cambia.
En fin, los pactantes nos han entregado los frutos de su ardua labor redactora (¿habrá habido disputa por un punto o una coma --porque sobre el fondo, ..., en fin uno columbraría algo que se apartara de las posiciones previas del primer firmante--?). Ahora a cada quien le toca apreciar esos frutos en su justo valor.
Madrid, 2000-02-14
ESPAÑA ROJA
eroj@eroj.org
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