¿Por quién doblan las campanas?

Requiem por la Izquierda española

por Lorenzo Peña
eroj@eroj.org
[Nota sobre la traducción]


El periodista Sr. Andrés Aberasturi, el criminólogo Sr. Santiago Wachter y muchos otros firmantes (sólo menciono al primero y al último por orden alfabético) son autores de un `Manifiesto por la Paz' que ha aparecido en la prensa española. (Llamado en adelante `El Manifiesto' para abreviar.)

Entre los firmantes del Manifiesto se encuentran personas ilustres y prestigiosas, que representan lo que vagamente se llama `La izquierda española', y algunas de las cuales son ampliamente consideradas como vacas sagradas. Ello no va a impedir a quien esto escribe denunciar el Manifiesto como una traición, una posición neutralista que significa asumir --un poco a regañadientes eso sí-- la posición de la NATO.

La guerra actual ha sido lanzada unilateralmente por la NATO contra Yugoslavia. Antes de la agresión de la NATO no había ninguna guerra. Había acciones armadas por parte de una guerrilla secesionista en la región serbia de Kosovo que había desencadenado una represión policial. Cualesquiera que sean las cifras que se manejen --ampliamente contestadas y en este momento en el mejor de los casos muy discutibles--, el conflicto se parecía mucho a los que en recientes décadas han afectado a otros países europeos: el conflicto de la región vasca en España, los conflictos de Bretaña y Córcega en Francia, el conflicto del Tirol del Sur en Italia (en los años 60) y el conflicto de Irlanda del Norte en el Reino Unido.

Era una cuestión puramente interna, en la que probablemente ambos lados estaban sobrepasando los límites de una acción legítima. La responsabilidad principal recae sobre la guerrilla de Kosovo que había tomado la iniciativa de un levantamiento secesionista armado ayudado por los servicios secretos norteamericanos, alemanes, turcos y albaneses (lo cual ya constituía de suyo un acto de agresión según el derecho internacional).

Ninguna lucha armada es legítima salvo cuando se trate de derrocar a una tiranía insufrible. Aunque es muy discutible qué deba considerarse una tiranía insufrible (por ejemplo una monarquía absoluta hereditaria tradicional puede ser considerada --por lo menos en algunos casos-- como una tiranía insufrible), normalmente hoy día (descartando esos casos raros de regímenes dinásticos absolutos hereditarios) podríamos ponernos de acuerdo en cinco condiciones para calificar a un régimen como una tiranía insufrible:

  1. El régimen actual ha llegado al poder por medio de un derrocamiento violento y sangriento de la administración anterior;
  2. La administración así derrocada tenía al menos una pretensión razonable de legitimidad o legalidad sin que se la pudiera calificar, a su vez, como una tiranía insufrible;
  3. El régimen actual no permite ninguna expresión pacífica de descontento sino que reprime brutalmente cualquier formulación de reivindicaciones razonables;
  4. No hay ningún mecanismo electivo a través del cual se pueda ejercer algún tipo de presión para empujar al poder a cambiar de rumbo.
  5. El grado de aflicción, penalidad y dolor de la gente es extremo y está causado por las políticas del régimen.

Cualesquiera que hayan sido las limitaciones del gobierno del Sr. Milosevic en Serbia y después en toda Yugoslavia (o lo que quedaba de ella), no se daban esas condiciones, ni en Kosovo ni en las otras regiones serbias.

De hecho el gobierno del Sr. Milosevic es un gobierno elegido que ha surgido, por evolución, en un desarrollo pacífico, de la administración anterior, la cual a su vez había llegado al poder arrojando a los invasores alemanes. En Yugoslavia hay partidos de oposición legales; las elecciones son genuinamente disputadas (si no ¿cómo podría explicarse que el partido de Milosevic haya sido derrotado en Montenegro?); y hay cauces legales para expresar oposición al gobierno y pedir cambios políticos.

Es verdad que muchas personas pueden considerar erróneas las políticas de Milosevic en Kosovo, incluyendo los secesionistas albaneses y también los autonomistas albaneses (al igual que las políticas de Francia en Bretaña y Córcega son vistas con rencor y despecho por los irredentistas bretones y corsos).

Pero que el conjunto de la política del actual gobierno sea equivocada o merezca reproche no justifica una insurrección armada contra un gobierno que ha llegado lícitamente al poder.

Además del requisito de que estén dadas las cinco condiciones mencionadas para considerar al régimen existente como una tiranía insufrible, hacen falta también --por supuesto--, para que un levantamiento armado venga considerado como legítimo, otras condiciones, como las siete siguientes:

  1. que el levantamiento se haga de buena fe, con un buen conocimiento de la situación real y con el propósito único --o al menos principal-- de derrocar la tiranía y establecer un sistema político que permita satisfacer las justas reivindicaciones populares;
  2. que el uso de la violencia esté reducido y restringido, que ningún civil inocente sea blanco de la misma y no se produzca un grave deterioro de las condiciones de vida del pueblo como resultado del levantamiento armado;
  3. que haya perspectivas razonables de victoria dentro de un plazo razonable de tiempo;
  4. que se dé un amplio consenso entre representantes de tendencias y sensibilidades diferentes para proseguir la lucha conjuntamente;
  5. que quienes han empezado y prosiguen el levantamiento armado sean hombres y mujeres compasivos, de buen corazón, ampliamente respetados, y a quienes se considere verdaderos líderes del pueblo (y no ambiciosos o atolondrados, aventureros imprudentes o insensibles);
  6. que no se deje que la lucha armada se convierta en un instrumento en manos de potencias extranjeras movidas por intereses bastardos y cuya supremacía acarrearía peores sufrimientos para el pueblo;
  7. que quienes se empeñan en el levantamiento armado no excluyan alcanzar un acuerdo razonable con las autoridades existentes para una transición pacífica que permita implantar un sistema político tolerable.

Permítaseme decir que soy un gradualista, y que creo en la aplicabilidad fructífera de una lógica difusa a todos los campos de la ciencia y del pensamiento. Por consiguiente, concedo que el cumplimiento de esas condiciones puede ser un asunto de grado, y que la justificación es una noción difusa, que se da por grados. Si se cumplieran en gran medida cinco de las siete condiciones, quizá se alcanzaría un umbral «suficiente» de justificabilidad.

Sin embargo, albergo recelos y sospechas hacia cualquier levantamiento armado en el que esté completamente ausente alguna de esas condiciones.

En todo caso, hasta donde alcanza el conocimiento de quien esto escribe, no existían esas condiciones en el caso de Kosovo; quizá no se cumplía allí ninguna de las siete condiciones. El ELK se ha perfilado, en buena medida, como un atajo de malhechores, financiado por el tráfico de drogas, la mafia, la CIA, y los servicios de inteligencia de Alemania y Turquía, e incluso empeñado en una acerba lucha con otras facciones políticas dentro de la comunidad albanesa en Kosovo.

El Manifiesto no aborda ninguno de esos problemas. De hecho se desentiende con desenfado de tales cuestiones. Sostiene que la primera causa de que la gente esté sufriendo en los Balcanes es `la limpieza étnica y la represión cometida por Milosevic', considerando que el bombardeo de la NATO sólo entra como una causa segunda (y, cabe colegir, menor o secundaria).

Según eso, se concreta el plan propuesto por el Manifiesto en dos puntos: 1) poner fin a la limpieza étnica y a la represión de Milosevic, y 2) detener los bombardeos de la NATO.

Obviamente, pese a lo que dicen, a los firmantes les trae sin cuidado qué significa el estado de derecho (respeto a los tratados internacionales) y qué es una grave violación del Derecho Internacional. De modo que proponen como primera y principal exigencia forzar al gobierno de un estado soberano a que cambie su política interna, aunque esa política no vulnere el Derecho Internacional; mientras que la reclamación de que respeten el Derecho Internacional los agresores de la NATO sólo asoma como un objetivo secundario --y, por lo tanto, condicionado y subordinado.

Más aún, el Manifiesto detalla su plan de dos puntos con la exigencia de que `todas las fuerzas militares y grupos armados en Kosovo [sean sustituidos] por una fuerza de paz compuesta por Cascos Azules de la ONU'.

Pero ¿por qué no piden a todas las fuerzas francesas que se retiren de Bretaña y de Córcega, enviándose allí Cascos Azules en calidad de `fuerzas de paz'? ¿Por qué no piden que las fuerzas armadas españolas evacúen el País Vasco español viniendo reemplazadas por Cascos Azules? ¿Por qué no piden que el ejército italiano deje el Tirol del sur y «Padania» y sea sustituido por Cascos Azules?

Pedir que los Cascos Azules ocupen un país soberano (o una parte del mismo) contra la voluntad de su gobierno es tan contrario al Derecho Internacional que resulta ridícula la referencia, en esa afirmación, al Derecho Internacional.

Tal despreocupación por cuestiones legales demuestra que los promotores del Manifiesto no respetan el Derecho Internacional. Parece que ven los tratados como trozos de papel sin importancia.

Ahora bien, nuestra razón para respetar el Derecho Internacional es exactamente la misma que aquella por la cual debemos obedecer el Derecho doméstico (en general): no hay manera alternativa de tener una coexistencia civilizada entre seres humanos.

La naturaleza de la sociedad humana (o mamífera, en general) requiere que haya una autoridad (buena o mala, elegida o no) y que sus disposiciones sean obedecidas. En cualquier colectividad humana existente tales disposiciones constituyen lo que se llama `La Ley'.

Si bien los sistemas jurídicos están lejos de ser perfectos, al menos tienden a dar un cierto nivel de protección al débil (no al fuerte, quien no necesita protección). No es factible ninguna alternativa a la actitud general de sometimiento a la ley, a no ser que abracemos el derecho del más fuerte a aplastar al más débil. Sin embargo, tal principio de sometimiento a la ley tiene límites razonables (a saber, aquellos que he señalado más arriba).

Lo que es válido para el derecho interno o doméstico también lo es para el Derecho Internacional. Como lo señaló Leibniz, el gran filósofo alemán, a principios del siglo XVIII (denunciando la burda violación de los acuerdos internacionales por parte del rey francés Luis XIV), nuestra sociedad humana internacional se convertiría en una jungla donde poseer Fuerza significaría poseer Derecho si se pudieran transgredir los tratados con pretextos triviales.

Desde luego cierto número de sociólogos señalan que, de hecho, ése es el caso: a lo largo de la Historia la Fuerza se ha convertido en Derecho, el más fuerte somete al más débil.

Pero tal vez olvidan que a lo largo de la historia ha habido una lucha por la ley y el orden, una lucha por el derecho. Tal lucha ha alcanzado resultados modestos, pero resultados al fin y al cabo. La NATO ha pisoteado tales avances de la civilización humana y nos ha retrotraído a la barbarie. El Manifiesto guarda silencio sobre ese asunto crucial.

Los autores del Manifiesto deben ser conscientes de que, si un número de mujeres y hombres (entre los que se incluye quien esto escribe) se someten a las leyes internas de sus países, es por esa única razón arriba señalada: e.d., en aras de la coexistencia civilizada entre los seres humanos.

Tal respeto forma parte integrante de un pacto social implícito. Pero desde luego tal pacto incluye un respeto por ambas partes. Los súbditos (incluyendo quien esto escribe) deben someterse a la Ley existente, justa o injusta (en mi opinión es a menudo injusta); pero las autoridades deben también someterse a la Ley, lo cual implica numerosas restricciones, tanto en lo que se refiere a los asuntos internos como exteriores.

Una vez que se violan tales restricciones de forma grave y continuada, nosotros, los súbditos, empezamos a estar justificados en no sentir reverencia hacia la Ley.

Requerir que el gobierno Yugoslavo cese su «represión» en Kosovo (parte integrante de Yugoslavia) es exactamente equivalente a requerir que el gobierno francés cese su represión en Córcega o Bretaña, o que el gobierno español cese su represión en Vasconia.

Ante todo --déjenme preguntar-- ¿qué se entiende por represión? Estoy al tanto de que el gobierno yugoslavo lleva a cabo una represión contra el ELK (UÇK), del mismo modo (y por las mismas razones) que el gobierno español lleva a cabo una represión contra ETA en Vasconia. No lo estoy de la existencia de una organización encubierta del gobierno yugoslavo similar a lo que hace unos años era el GAL, un grupo terrorista organizado bajo los auspicios del gobierno español; pero desde luego mis fuentes de información son limitadas. A lo mejor los autores del Manifiesto disfrutan de mejor información; pero lo dudo mucho. Inclínome a pensar que sus afirmaciones son descuidadas y poco serias y que su principal fuente de información proviene de los programas manipuladores de la televisión borbónica. No nos revelan ninguna otra fuente de información para que nosotros, el vulgo ignaro, podamos analizarla.

Al reprimir a organizaciones relacionadas con levantamientos armados, los gobiernos yugoslavo, francés y español pueden cometer actos ilegales, tales como someter a aquellos que pertenecen a organizaciones armadas ilegales a medidas que no respeten sus derechos humanos, o causar víctimas civiles. En España, por ejemplo, una vigente «Ley de Seguridad Ciudadana» permite a la policía detener a civiles en una serie de supuestos sin que éstos disfruten de las garantías habituales en las modernas sociedades liberales. Podemos suponer fácilmente que, si ello ocurre en un país donde la guerrilla secesionista es pequeña y no cuenta con el apoyo de ninguna gran potencia y de ningún estado vecino, en Kosovo (donde los matadores secesionistas están respaldados por la vecina Albania, además de los EE.UU., Alemania y Turquía) la campaña contrainsurgente probablemente cause (injustamente) un mayor número de víctimas civiles. Tales sucesos tienen que ser condenados, sean cuales fueren las explicaciones. Pero, desde luego, los principales culpables son quienes, para empezar, respaldan un levantamiento injustificado.

Los autores del Manifiesto no hacen distinciones a este respecto. Así que probablemente quieren decir que es ilegítima cualquier represión en Kosovo por parte del gobierno yugoslavo (al cual, siguiendo la pauta de la propaganda de la NATO, llaman «Milosevic»), tanto si se centra en el ELK como si no. Aunque parezca mentira, no consideran ilegítimas las acciones armadas del ELK (o al menos no las llaman «represión»; de hecho, no hacen referencia a ellos salvo a través de la expresión vaga «todos los grupos armados»).

Pero el Manifiesto culpa al Gobierno yugoslavo («Milosevic») de dos cargos: uno es la represión; el otro es la limpieza étnica.

Déjenme preguntar qué se entiende por `limpieza étnica'. Si una persona resulta, injustamente, víctima de una operación policial contrainsurgente ¿se entiende eso como limpieza étnica, con tal de que la víctima tenga algunos rasgos étnicos que la distingan de quienes estén en la policía o en el gobierno? ¿O tal vez son necesarias dos víctimas? ¿O debe haber tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? ¿O tal vez no importa el número [absoluto], siendo el único factor relevante la proporción con respecto a la masa de la población (diferenciada)?

Más aún: ¿qué clase y qué nivel de castigos se requieren para que una campaña contrainsurgente se entienda como limpieza étnica? Por ejemplo: cuando hay unas guerrillas operativas en zonas rurales, se toman medidas contrainsurgentes, que obligan a algunos habitantes a dejar sus hogares, cosa que también ocurre, por lo demás, en todas las operaciones militares regulares. Desde luego debemos exigir de cualquier gobierno legítimo que dirija operaciones contrainsurgentes que haga cuanto esté en su mano por minimizar tales consecuencias y, si se diera el caso de que fuesen totalmente necesarias, que dé alguna compensación a quienes las sufran. Pero no se entiende como limpieza étnica el mero hecho de tomar tales medidas simplemente porque la población desplazada hable una lengua distinta de la que habla la policía.

Hasta el 24 marzo de 1999 no había limpieza étnica en Kosovo. Las cifras de personas muertas o desplazadas eran las normales en una lucha de guerrillas de baja intensidad, lejos del nivel de violencia de muchos otros países (ahora se están produciendo levantamientos secesionistas en Senegal, Congo, Namibia, Angola, India, Sri Lanka, Birmania, Indonesia, Filipinas, Papua-Nueva Guinea, Sudán, en algunos países del Sahel, tal vez en la región de la Cabilia argelina, en Turquía, Iraq, Irán, Somalia, por no mencionar aquellos casos en que un país ha ocupado o se ha anexionado un territorio ajeno pisoteando el Derecho Internacional, como ocurre en Marruecos con el Sájara Occidental, Indonesia con el Timor Oriental, Turquía con Chipre, Israel con Cisjordania, el Golán sirio y el sur del Líbano).

Dejo a los especialistas de las estadísticas el darnos un recuento comparativo de tales conflictos. Aunque en muchos de ellos se puede culpar a los gobiernos de extender la represión más allá de lo que sería necesario con el fin de mantener la ley y el orden (y aunque, además, algunos de esos regímenes se cuenten entre las tiranías insufribles según nuestros criterios fijados más arriba --lo que hace que el levantamiento secesionista esté en parte justificado--), hasta donde yo sé, el número de bajas en Kosovo, antes de la agresión de la NATO (24 de marzo de 1999), estaba entre los más bajos (comparado con el número de bajas en esos otros países); y ello a pesar de que Yugoslavia había sido, durante años, blanco de la acción hostil de las grandes potencias, las cuales habían estado apoyando a la guerrilla secesionista de Kosovo, sin que (hasta donde llegan mis informaciones) haya pruebas de que respalden (de manera similar) a otros movimientos secesionistas en el mundo.

En cualquier caso, el término «limpieza étnica» tiene que aplicarse sólo cuando haya una política clara y sostenida dirigida a cambiar de manera artificial y coactiva la composición de la población. Tales políticas son practicadas por Israel en Jerusalén-Este y han sido practicadas por Turquía en Chipre Septentrional. Tal vez sean aplicadas por Indonesia en Papua Occidental, las Molucas, Timor, etc, y por Papua-Nueva Guinea en Bouganville.

Pero es poco convincente lanzar tal acusación contra el gobierno yugoslavo. Hasta el 24 de marzo el número de refugiados era tan pequeño que difícilmente podría contribuir a modificar la composición étnica en la población de Kosovo. Y, haya ocurrido lo que haya ocurrido después del 24 de marzo de 1999, e.e. en el espacio de cinco semanas, puede difícilmente considerarse como un cambio permanente en la población de Kosovo.

Siempre que estalla una guerra (y especialmente una guerra particularmente cruel como la que lanza la NATO) mucha gente deja sus hogares durante un tiempo. Incluso cuando las medidas militares o de otro orden que tome el gobierno como parte de las operaciones bélicas constituyan una de las razones por las que esas personas dejan sus hogares, eso por sí mismo no significa que el gobierno esté implicado en limpiezas étnicas ni nada parecido.

La carga de la prueba de la limpieza étnica incumbe a quienes sostienen que se comete o se ha cometido por parte del gobierno yugoslavo. El Manifiesto no aporta nada al respecto. No menciona ninguna fuente. Probablemente sus autores piensan que la propaganda de la NATO es fiable y fehaciente.

Aparte de esas dos acusaciones («represión» y «limpieza étnica» sin ninguna otra precisión), el Manifiesto no especifica ninguna otra contra el Presidente Milosevic, pero se siente autorizado para afirmar (cito): `Milosevic es un «Netanjahu» para los albano-kosovares y un «Pinochet» para los serbios; hay que poner freno inmediato a sus horribles crímenes'.

Esos crímenes no vienen concretados, excepto las dos acusaciones sobre Kosovo que ya he considerado. En particular, cuando se dice que el Presidente Milosevic es un Pinochet para los serbios, debería darse alguna indicación que justificara la analogía. El Manifiesto no ofrece ninguna. De nuevo adivino que su fe en lo que diga la TV borbónica les basta y exime de buscar más pruebas.

La comparación entre el Presidente Milosevic y Pinochet es tan ridícula que resulta demasiado fácil refutarla.

El Presidente Milosevic no ha subido al poder asesinando a su predecesor. Ha sido elegido. Si fueron perfectas las condiciones de su elección es una cuestión distinta (en la cual entraré en seguida). Con el gobierno del Presidente Milosevic hay partidos de oposición (algunos de ellos han participado alguna vez en el gobierno, como todo el mundo sabe --p.ej., el Sr. Vusko Draskovic, quien ha sido recientemente destituido de su cargo de Vice-Primer Ministro). Hay una prensa de oposición. Ha habido elecciones ásperamente disputadas, algunas de las cuales han sido perdidas por el partido del Sr. Milosevic.

Por su parte, el gobierno del general Pinochet fue autocrático, extremadamente duro y cruel (aunque incluso él era un juego de niños comparado con la sangrienta tiranía de Franco en España), no permitiendo ninguna oposición y matando y torturando a mucha gente sólo por expresar sus opiniones. Nada de eso, ni cosa semejante, se ha denunciado que ocurra en la República de Yugoslavia con el actual gobierno.

Más aún, Pinochet lanzó una serie de políticas destinadas a hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, viniendo restringidos o anulados todos los derechos sociales. El gobierno de Yugoslavia no ha seguido tales políticas. Por supuesto, desde el punto de vista de quien esto escribe, son discutibles las políticas del gobierno de Yugoslavia, toda vez que han supuesto un cierto grado de privatización y reformas orientadas al mercado, mientras que yo estaría a favor de una política totalmente dirigida a la rápida abolición de la propiedad privada y de la economía de mercado. Pero no existe similitud entre la política del general Pinochet y la del Presidente Milosevic.

Ni es más acertada la comparación con Netanjahu. El gobierno israelí bajo Netanjahu no ha dado a los palestinos la ciudadanía israelí, mientras que todos los habitantes de Kosovo son ciudadanos yugoslavos con los mismos derechos que los otros ciudadanos yugoslavos, incluyendo el derecho de voto y el derecho a trasladarse a otras regiones de Yugoslavia. Los palestinos no tienen ni el derecho de voto en las elecciones israelíes ni el derecho de vivir en cualquier parte del territorio israelí. No tienen derecho alguno de ciudadanía.

Además, los habitantes de Kosovo (de lengua albanesa o de otra lengua nativa cualquiera) han nacido en una región que, según el Derecho Internacional, es una parte integrante del territorio soberano yugoslavo, mientras que la Cisjordania no forma parte del Estado de Israel según el Derecho Internacional. La ocupación israelí es ilegal; viola las resoluciones de las Naciones Unidas (cuando tales resoluciones constituyen el único fundamento de la existencia del estado de Israel).

Así que carece de base la comparación del Manifiesto.

Puesto que el Manifiesto reclama que Yugoslavia abandone una parte integrante de su tierra soberana, se pregunta uno por qué guarda silencio el Manifiesto sobre otras cuestiones territoriales de los Balcanes. Si Kosovo puede beneficiarse de la autodeterminación (y así ser desgajado de Yugoslavia y entregado a Albania, puesto que los albaneses componen la mayoría de la población de Kosovo), ¿por qué al Borio-Epiro (alrededor de un tercio de Albania, y griego-hablante) no se le concede igualmente su derecho a la autodeterminación, siendo así devuelto a Grecia? Cabe recordar que Albania nunca ha concedido al Borio-Epiro (ni bajo el gobierno del Sr. Enver Hoxha, ni bajo el de Ramiz Alia, ni bajo el de Sali Berisha, ni bajo el actual gobierno «socialista» pro-NATO) grado alguno de autonomía o autogobierno --¡no digamos ya la autodeterminación!--, mientras que apoya abiertamente a los irredentistas «luchadores por la libertad» de Kosovo. Y, curiosamente, nadie ha señalado esa «incoherencia» (salvo que, desde el punto de vista de una política maquiavélica y sin principios, no hay incoherencia alguna, desde luego).

Ahora bien, entre los autores del Manifiesto se encuentran personas que tienen la obligación de saber, de estar enteradas de las cuestiones involucradas. Tienen que saber que en los Balcanes, una vez que se conceda aquí un derecho de autodeterminación --con el resultado de una modificación de las fronteras internacionales existentes--, se producirá un terremoto político. Con la misma base que se invoca en el caso de Kosovo, el Borio-Epiro puede legítimamente desear la autodeterminación (de hecho su anexión a Grecia) y muchas regiones en Tracia (norte de Grecia), Macedonia, Bulgaria y Rumania pueden legítimamente separarse de sus respectivos estados. Sólo Dios sabe qué se seguiría de ahí; pero es seguro que no se vería reforzada la amistad entre los pueblos. Al revés, se verían reavivados y atizados todos los odios ahora dormidos. Probablemente se producirían varias guerras.

Por ello no apruebo tal reclamación. Pero cuando se exige la autodeterminación para Kosovo, ha de aclararse por qué no se exige la autodeterminación para el Borio-Epiro, Tracia, Dobrudja, la Transilvania alemana, etc.

A menos que piensen que uno obtiene un derecho sólo levantándose en armas por ese derecho. Eso es inaceptable. Porque entonces no tendría derechos el débil que, por su debilidad, no luche; y, además, cuando inicie uno una lucha para conseguir una reclamación determinada, no estaría legitimado para obtenerla; pero, de perseverar en la lucha y hacerse así poderoso, entonces --al final-- se ganaría el derecho de reclamar lo que es suyo. Tal idea es sencillamente repugnante.

Vayamos a mi penúltimo punto. Aunque el Manifiesto no presenta ningún argumento serio, algunas personas podrían intentar apoyar su principal alegato contra el Sr. Milosevic razonando que el Presidente yugoslavo no fue elegido bajo unas condiciones ideal y perfectamente democráticas.

Es vacua la noción de democracia perfecta o ideal. Es como la noción de gas perfecto o de movimiento sin fricción. Son nociones abstractas, cuyo significado práctico en la ciencia es gradual: en la medida en que un gas tiende a parecerse a lo que sería un gas perfecto, se comporta así o asá. Del mismo modo, en la medida en que un sistema político tiende a parecerse a lo que idealmente sería una democracia perfecta, está dotado de tales o cuales propiedades.

Ahora bien, los autores del Manifiesto culpan al sistema político yugoslavo de la supuesta falta de democracia, al paso que ellos viven en un país que no es democrático. Como lo ha probado el autor de estas páginas en un artículo que analiza la actual constitución española (un artículo que aún nadie ha refutado), el inelecto Jefe de Estado de España está constitucionalmente dotado de inmensas potestades, las cuales incluyen, entre otras:

  1. negarse a nombrar un nuevo Presidente del Gobierno en el caso de que los resultados electorales le parezcan discutibles;
  2. vetar los decretos presentados para su firma por el Consejo de Ministros;
  3. vetar las leyes aprobadas por el Parlamento bicameral (sencillamente dejando de sancionarlas o promulgarlas);
  4. ejercer el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas y los poderes de Árbitro Supremo y Supremo Moderador de todas las instituciones políticas.

Tales regulaciones constitucionales suponen que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, España no es una democracia. Es una no-democracia imperfecta.

Hay, efectivamente, cierto tipo de instituciones propias de una democracia que actualmente existen en España. Pero su implementación real se acerca más a un modelo no democrático. Así, el sistema electoral español es tal vez el peor de todos los sistemas electorales posibles, con el resultado de que el Parlamento bicameral no representa las preferencias reales de los electores.

Tal vez en ningún lugar los parlamentos representen las genuinas preferencias de los electores, pero dudo de que la distancia sea en otros sitios tan abismal como en España. Señalar las razones detalladas de mi afirmación va más allá de los límites de este artículo.

Además, las elecciones son manipuladas en España por una todopoderosa camarilla por medios que (confío) serían escandalosos e inauditos en otros sitios. Ha traslucido que, cuando los españoles son llamados a las urnas, un reducido grupo de oligarcas se reúnen para decidir quién será su favorito. Controlan los media, y lo que deciden siempre se lleva a cabo a través de desvergonzadas manipulaciones.

Más aún, hay límites estrictos en España a la libertad de expresión, aunque frecuentemente los tribunales deciden no imponer penas de prisión por delitos de opinión. Nuestras opiniones son así toleradas, pero muy frecuentemente están, así y todo, prohibidas (Por `opiniones' me refiero a la expresión pública de tales opiniones. Guardárselas para uno mismo es legal.)

Bajo tales condiciones, el resultado electoral no es «perfectamente democrático». De hecho, desde una perspectiva gradualista, podríamos enunciar la conjetura de que nuestro sistema político actual es democrático en, digamos, un 25%.

Además, la Constitución española no fue libremente adoptada por el pueblo español. Hasta diciembre de 1978 --cuando se promulgó la actual constitución-- las autoridades legales españolas eran las del gobierno republicano en el exilio. El cuasi-parlamento que redactó la actual constitución no había sido elegido democráticamente, a no ser que uno desee extender la credencial de democracia más allá de límites razonables. Además, trabajó constantemente bajo coacción, con la amenaza de un golpe de estado militar, que al final se ejecutó unos años después (el 23 de febrero de 1981), si bien fracasó.

Según se ofreció al pueblo español, el acuerdo constitucional no tuvo en cuenta el hecho de que hasta ese momento España era legalmente una República y, por lo tanto, lo que se tenía que consultar al pueblo era si quería o no una restauración monárquica, la cual fue impuesta como hecho consumado con la sola base del testamento del tirano Franco.

Aun suponiendo que tales procedimientos pudieran estar justificados como acuerdos de transición de cara a evitar una nueva guerra civil, la izquierda española hasta ahora ha permanecido firmemente leal a la monarquía restaurada, pese a su falta de democracia genuina y a sus turbios orígenes.

Dado todo ello, resulta especialmente asombroso que los autores del Manifiesto se arroguen el derecho de tildar al Sr. Milosevic de dictador o que otros aduzcan que su elección no fue perfectamente democrática, mientras guardan silencio sobre su propio régimen político, el cual está más cercano a una no-democracia que a una democracia.

(A pesar de todo eso, tengo que acatar la ley y ajustarme a ella, por razones ampliamente expuestas en las consideraciones anteriores. Pero desde luego ha de haber un pacto por ambas partes. Nosotros, meros ciudadanos o súbditos, hemos de obedecer la ley, pero las autoridades tienen también que mantenerse dentro de la ley, tanto en asuntos internos como en los exteriores. Constituyen rupturas del pacto la agresión contra Yugoslavia y el objetivo de arrancarle por la fuerza una parte integrante de su territorio [un objetivo al que se adhieren los autores del Manifiesto, quienes en este punto comparten enteramente los fines de guerra de la NATO].)

Paso a mi último punto. Desde el 24 de marzo de 1999, e.e. en cinco semanas, la NATO --según se ha informado-- ha causado más destrucción en Yugoslavia que los nazis en cuatro años (1941-45). Cuando un pueblo sufre tal ataque, son previsibles reacciones populares indisciplinadas, siendo limitada la capacidad de las autoridades legales para imponer la ley y el orden.

Lo hemos visto en España. El 18 de julio de 1936 Franco y otros generales se levantaron en armas contra el gobierno español, provocando así una larga guerra civil que habrían perdido si no hubieran estado fuertemente apoyados por Italia (unos 250.000 soldados enviados por Mussolini), Alemania (la LegiónCóndor, que bombardeó Guernica así como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Almería, etc.), Gran Bretaña (favoreciendo las exigencias de Franco por medios indirectos) y los EE.UU. (permitiendo a Franco adquirir todo el petróleo que quiso, mientras imponían un embargo a la República Española).

El 18 de julio de 1936 el pueblo español se enfrentó a noticias increíbles: el ejército se había rebelado contra el gobierno. Se habían producido disturbios anteriormente, pero poco a poco la situación política y social había ido volviendo a la normalidad y no existía una atmósfera de guerra civil. De repente, estalló la rebelión.

Prodújose entonces una auténtica locura, que se extendió como una epidemia. Mucha gente fue asesinada en ciudades y pueblos que habían quedado en manos de los leales al gobierno. ¿Quiénes fueron las víctimas? Algunos de ellos eran fascistas, pero desde luego su culpabilidad hubiera debido probarse en un proceso legal y formal, lo cual no sucedió. Otros probablemente no eran fascistas sino simplemente gente con opiniones reaccionarias, o bien gente de posición desahogada que incluso hubiera podido estar en contra de la rebelión fascista.

No duró mucho la orgía de sangre. Gracias sobre todo a la enérgica actividad del Partido Comunista de España, las cosas volvieron a la normalidad poco a poco, y tras unas semanas o meses se restauró el ejercicio de las funciones constitucionales de las autoridades legales (más o menos, porque la guerra continuó durante tres años).

Quienes hayan leído Por quién doblan las campanas saben de qué estoy hablando. Otros autores sobre la guerra civil española (por ejemplo, Malraux) ofrecen una versión edulcorada de los hechos. Hemingway era desde luego inmoral (su adhesión a las corridas de toros la encuentro particularmente repugnante y deplorable) pero, por lo general, en este punto en concreto tenía razón.

La causa de la República Española era una causa legal y justa pese a esos crímenes.

Puedo entender fácilmente que la gente que, en Yugoslavia, está siendo mortalmente bombardeada, que se enfrenta a una destrucción sin precedentes de su país en una escala que sobrepasa la imaginación, reaccione de manera criminal tomando represalias contra los (sospechosos) simpatizantes de las guerrillas que actúan en connivencia con el enemigo. (Tal connivencia ha sido reconocida: se ha informado de que el ELK actúa como una fuerza auxiliar de la agresión de la NATO.)

Es posible que así sea, pero carecemos de pruebas fiables. Recordando lo que ocurrió en España en 1936, creo que algo parecido puede estar ocurriendo en Kosovo. Creo que tales actos tienen que ser sofocados por las autoridades legales y que no se puede castigar a ningún ser humano por sus opiniones o sentimientos. Pero, desde luego, el mero hecho de que piense que tales cosas puedan estar ocurriendo o haber ocurrido no impide mi incondicional solidaridad con el pueblo yugoslavo, víctima de una de las más criminales agresiones de la historia.

Imaginémonos qué hubieran pensado los republicanos españoles si hubieran existido Manifiestos democráticos en París, Bruselas o Londres en 1936-39 con el lema `¡Ni fascistas ni Azaña!'. (Azaña era el presidente constitucional de la República española; no eran perfecta o idealmente democráticas las condiciones bajo las que había sido elegido; y no era ningún santo.) La izquierda española ha olvidado todo eso.

La Izquierda española ha traicionado a la República española. Ha traicionado la tradición española de paz y neutralidad respaldando la pertenencia española a la NATO --o cejando en la lucha contra esa pertenencia aun cuando el gobierno español ha roto los términos en que, por un pequeño margen, el pueblo español aceptó convertirse en un miembro de la NATO el 6 de marzo de 1986.

La Izquierda española ha traicionado las tradicionales relaciones de hermandad con América Latina respaldando la pertenencia española a la Unión europea.

Pero esta última traición es demasiado.

Voy a decirte, Izquierda española, por quién doblan las campanas. Doblan, desde luego, por Yugoslavia, el inocente país mártir que está siendo masacrado. Pero también doblan por aquellas fuerzas que, al hacerse cómplices neutralistas de sus verdugos, se suicidan. ¡Doblan por ti!

Madrid, 2 de mayo de 1999












Agradezco la ayuda de D. David Muñoz-Chápuli Oriol para traducir a nuestro idioma este artículo, cuyo original fue escrito en inglés. El autor.



















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Lorenzo Peña eroj@eroj.org

Director de ESPAÑA ROJA

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